Sucesos
Procedimientos contra “riferos”  en Táchira y otros estados

En horas de la tarde del pasado viernes, usuarios de redes sociales reportaron procedimientos policiales en las sedes de agencias de rifas ubicadas en Barrio Obrero y Capacho.

Según versiones extraoficiales, vehículos oficiales del SEBIN fueron vistos efectuando supuestos allanamientos en dos sedes de reconocidas agencias de rifas. Luego, en horas de la noche, se difundió un video donde se mostraban los vehículos sustraídos de estas empresas en grúas, los cuales eran movilizados por los organismos de seguridad.

El sábado, los reportes de visitas y allanamientos en otros puntos de la ciudad no se hicieron esperar. En redes sociales, se mostraron videos de vehículos del SEBIN en establecimientos en zonas residenciales de San Cristóbal, donde presuntamente se guardaban vehículos vinculados al caso de los riferos.

Incluso a nivel nacional se han dado a conocer procedimientos similares. En Portuguesa hablan de la intervención de una reconocida agencia de rifas. También se han difundido detenciones de influencers qué estarían ofertando rifas a través de sus cuentas oficiales.

El medio Meridiano informaba el pasado viernes, que los influencer Yeimmi Rodríguez, Brayan Lucena y Cruzangelo Pasquale estarían detenidos y bajo investigación por realizar rifas con promesas de premios llamativos y dinámicas sencillas. La captura de estos creadores de contenido ha sido confirmada por usuarios, quienes aseguran que funcionarios del SEBIN se los habrían llevado de sus residencias. Sin embargo, no existe ninguna versión oficial sobre lo ocurrido.

Se presume que todos los procedimientos responden a la intensión de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot) de aplicar la normativa legal vigente que deben cumplir las empresas y personas dedicadas a este rubro.

Las nuevas disposiciones de la Comisión buscan regular las rifas digitales y tradicionales y se han centrado en exigir permisos formales y documentación como el Runlot, que deberá estar presente y visible en cada uno de los sorteos, de lo contrario la rifa será considerada ilegal. También, existe un mayor control sobre los premios ofrecidos, cuya propiedad y origen lícito deberá ser comprobado. Tampoco pueden ofrecerse rifas que captan fondos exclusivamente en divisas y fuera de los parámetros legales.

La normativa tampoco permite más de cuatro rifas por persona o empresa al año. No se pueden vender rifas a menores de edad y se exige una mayor transparencia en los procesos de selección de ganadores.

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre estos procedimientos que han sido reportados en varios puntos de la región y del país. (JS)