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Sucesos
Ratifican condena de 29 años a abogado tachirense que mató a su esposa e hija en Residencias La Alameda
6 de abril de 2022
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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de 29 años de prisión impuesta al abogado Pedro Gonzalo Guerrero Cadavid (50), acusado de asesinar a su esposa y la hijita, según sentencia 0623, redactada por el magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos.
Las víctimas son: Érika de la Concepción Rivera Agelvis, de 37 años, y su hija de cuatro años de edad, cuyos cadáveres fueron hallados el 22 de enero de 2011, tendidos en una cama de su apartamento, ubicado en Residencias La Alameda, San Cristóbal.
Presentaban signos de abusos sexuales y asfixia mecánica por sofocación, indica el TSJ.
Guerrero salió de su casa ese día, hacia Cúcuta, y en el camino llamó a un cuñado para decirle que se trasladara a su vivienda porque no sabía de su esposa. Al llegar al sitio, el hermano encontró los cadáveres.
A las pocas horas del hecho, Guerrero fue detenido por el Cicpc. El 13 de mayo de 2011, el detenido admitió su participación en el doble homicidio, cometido precisamente el día de su aniversario de unión como pareja.
“Ella después me manifiesta a mí la posibilidad de que nuestra relación no siguiera y me dijo que nuestra relación ya no la estaba llenando a ella”, contó Guerrero ante el Tribunal 10° de Control de Táchira.
“Le pregunté si existía otra persona en la relación, le reiteré qué era lo que pasaba, hasta que me dijo que sí existía otra relación”, contó. “Yo entré en shock, hasta el punto que agarré a la niña, sin saber lo que estaba haciendo; luego la agarré a ella y sucedió lo que el doctor señaló, una situación que no esperaba en mi vida”, narró el detenido, quien fue condenado ese día a cumplir 29 años de prisión.
Posterior a ello, sus abogados solicitaron revisar esa condena, aduciendo que Guerrero admitió los hechos, obligado por las amenazas de muerte que le hicieron en la cárcel de Santa Ana del Táchira.
En ese caso, el Tribunal 7° de Control de Táchira desechó tal planteamiento, argumentando que la revisión de una sentencia procede cuando, posterior a la condena, se descubren hechos nuevos y las “presuntas amenazas de muerte en la cárcel” fueron una situación ventilada en la audiencia preliminar.
Luego de asfixiar a su esposa e hija, Guerrero limpió las posibles huellas y se fue como si nada a su trabajo en la frontera, tratando de elaborar una coartada.
El Cicpc realizó un extraordinario trabajo investigativo que echó por tierra los argumentos de Guerrero, quien intentó simular otro hecho.
Para ese entonces, las indagaciones de la Brigada Contra Homicidios de la policía científica arrojaron una serie de indicios que ameritaron la detención del profesional del Derecho, quien desde un primer momento se convirtió en el principal sospechoso, dadas las circunstancias en que fueron localizados los cuerpos, sin aparentes signos de violencia y tendidos en sus camas.
Para las autoridades, Guerrero preparó detalladamente el crimen de su esposa e hija, y acondicionó la escena del crimen para aparentar que murieron por una posible fuga de gas. (TSJ/MB)
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