Un grupo de reclusos del Centro Penitenciario de Occidente II -CPO- Rafael de Nogales Méndez, de Santa Ana, municipio Córdoba, denuncian una serie de presuntas irregularidades, al tiempo que exigen ser escuchados por las autoridades, a fin de que se respeten sus derechos durante todo el proceso.

De acuerdo con información publicada por Una Ventana a la Libertad, entre estas denuncias, destacan que desconocían la existencia de una Fiscalía de Derechos Humanos, porque nunca han tenido contacto con ella.

De igual modo, señalan que no han podido ver a sus hijos o personas del sexo masculino, puesto que solo permiten la visita de mujeres.  Exigen, además, atención sanitaria integral, no solo en el aspecto físico, sino también en el psicológico y emocional.

Con respecto a las denuncias más graves planteadas por los reclusos, encontramos el sometimiento y la tortura en los calabozos o centros de detención, lo que implica una violación de sus derechos humanos.

Por otra parte, se refieren a las condiciones, que consideran inhumanas, de estos calabozos o sitios de supuesta detención preventiva, en sedes policiales o del Cicpc, donde dicen que no hay ni servicios básicos, de acuerdo al informe presentado por Una Ventana a la Libertad.

Asimismo, denuncian la violación al debido proceso y a sus derechos humanos y civiles. “Todo lo contemplado en cuanto a los procedimientos no se cumple y nunca se nos dan a conocer nuestros derechos”, reza el comunicado, citado por Una Ventana a la Libertad.

Deploran la extorsión permanente en los calabozos y al sistema de defensa. También se refieren a la violación del derecho a la presunción de inocencia.

Con referencia a los reclusos mayores de 70 años, o aquellos que presentan problemas mentales o discapacidades, aducen que no son atendidos debidamente, según el informe de Una Ventana a la Libertad.

Ante estos y otros aspectos, solicitan la presencia constante de organizaciones de derechos humanos, en todas las fases del proceso judicial.

Exigen, además, mejoras en la infraestructura carcelaria, del transporte, la alimentación, la dotación de uniformes e implementos de aseo personal.

Exhortan a las autoridades a la implementación constante de jornadas de oftalmología y odontología y de salud en general.

En definitiva, solicitan participar en el proceso de reforma judicial: “Que se conozcan nuestras experiencias, para contribuir desde la práctica en esta reforma”. (RM)