Sucesos

“Sin evidencia alguna en su contra, mi hijo está preso desde agosto”

25 de noviembre de 2020

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A una falsa acusación, un expediente presuntamente amañado, viciado, con notables irregularidades y donde podrían estar inmersos intereses personales de una funcionaria pública (jueza), atribuye Baudilio Sepúlveda Araque, padre del comerciante Nelson Sepúlveda, el hecho de que su hijo ahora esté señalado internacionalmente de narcotraficante y se encuentre tras las rejas en la sede de Politáchira, desde hace tres meses.

Para Baudilio Sepúlveda, su hijo, de quien asegura que en este lapso de tiempo no le han hallado ninguna evidencia que lo involucre en el tráfico de drogas, está siendo víctima de la vulneración de sus derechos fundamentales y del debido proceso, en razón de que sostiene que el estar privado de su libertad forma parte de un supuesto “favor” que la mencionada funcionaria le está haciendo a una amiga.

Esta amiga, a la que hace referencia Baudilio, sería hermana de la expareja de Nelson, con la cual el detenido convivió por más de tres años y de cuya relación nació un niño, ahora de tres años de edad.  Explicó que la relación se fue deteriorando, a tal punto que optaron por separarse a finales de enero de este año.

Dijo que, a raíz de la separación, la relación personal entre su hijo y la dama se hizo intermitente, pero que él hacía lo posible por sobrellevarla, para que su pequeño hijo no sufriera las consecuencias de la separación; sobre todo él no quería cortar el vínculo con su hijo. Aseguró que, tras la separación, Nelson le dejó un vehículo y todos los enseres.

Y que, entre altibajos, la comunicación entre ambos continuó. Sin embargo, según le contó Nelson, en marzo ella lo denunció por violencia de género, cuando este fue a sacar unas pertenencias que aún tenía en el inmueble que compartieron y que necesitaba para continuar con la construcción de otro inmueble.

“Y luego de tomarle varias fotos a mi hijo, ella se le abalanzó encima, acorralándolo contra la puerta; entonces él la tomó fuertemente por las manos para que no lo agrediera. Ella lo denunció ante el Cicpc, razón por la cual lo detuvieron temporalmente, siendo liberado, una vez fue presentado ante tribunales”, explicó.

Cuando Nelson fue puesto en conocimiento que ella y el niño estaban presentando necesidades económicas –agregó-, se dispuso a apoyarlos y fue cuando, después de mucho tiempo, pudo volver a ver al niño, con lo que la relación como expareja volvió a tornarse un tanto normal. Separados, pero con respeto.

Una segunda denuncia, por el mismo delito que el anterior, asegura que, sin razón, fue formulada por la dama posteriormente. La misma quedó sin efecto, a falta de pruebas. “Esto, al parecer, fue por un consejo de la hermana de ella, la amiga de la jueza”.

Una nueva pareja surgió en la vida de la expareja de Nelson, poco después, y dice que Nelson lo respetó, pero haciendo énfasis a ella en que procurara que el niño no notara mucho la presencia del hombre en el apartamento, surgiendo nuevos problemas por este tema.

“A pesar de todo esto, Nelson siempre estuvo ahí, para ayudarla a ella y su hijo, consciente que ella era libre de rehacer su vida amorosa; sin embargo, le preocupaba que el nuevo novio, supuestamente, consumía droga”.

En julio, como en ocasiones anteriores, ella necesitaba gasolina para su vehículo y le pidió ayuda a Nelson. Él “cuadró” en una estación de servicio del municipio Cárdenas y la llamó a las 3:05 de la tarde para que se acercara a la bomba. Le llevaría solo unos minutos llegar, por cuanto se encontraba en la misma zona, en casa de la hermana.

—Transcurrido un tiempo prudencial, Nelson comenzó a preocuparse porque ella no llegaba ni atendía las llamadas telefónicas que le hizo. Desistió de la idea de acercarse a la casa de la hermana, porque la relación entre ambos no era buena, y decidió indagar mejor entre distintos organismos de seguridad, como Politáchira, Cicpc, PNB y, finalmente, las Faes (donde la halló), por si había tenido algún problema, como efectivamente ocurrió—.

Mientras se dirigía a la bomba fue detenida, a las 3:25 de esa tarde, por las Faes, al momento que en un punto de control, durante un procedimiento de rutina, le hallaron en el vehículo casi un kilo de cocaína, 825 gramos, concretamente valorada en al menos 10 mil dólares.

Al tener conocimiento que el niño también se hallaba ahí y que ella seguiría detenida, tras muchas horas de espera optó por la asesoría de un abogado y tramitar el resguardo del menor, lo cual logró a las 10 de esa noche, para poder llevárselo. Días después, con todos los documentos requeridos, consiguió la guarda y custodia temporal del menor. Mientras que, tres días después, a ella le dieron casa por cárcel, medida que a juicio de Baudilio, de acuerdo con lo que se ha asesorado, no es viable, cuando del delito de drogas se trata.

El que consiguiera la guarda y custodia del niño, cree el padre de Nelson, fue lo que detonó la presunta persecución de la que está siendo objeto el comerciante, pues fue la citada jueza -aseguró-  la que infructuosamente trató de dejar sin efecto el amparo. Organismos como el Cicpc, las Faes y la Policía fueron comisionados para detenerlo, pero inicialmente no lo lograron porque no había delito que amparara dicha detención.

Para su sorpresa, el 18 agosto de este año, Politáchira lo detuvo en su casa de Pueblo Nuevo, bajo la presunción de haberle “sembrado” la droga que le hallaron a la expareja. “Lo acusan de traficante de droga. Pero hasta la fecha, en todas las experticias que practicaron, no hay nada que lo incrimine. Ni en la relación de llamadas, en el barrido telefónico, no hay nada que lo conecte con algún funcionario, como para que ese día la detuvieran a ella. Tampoco hay ninguna evidencia en las cámaras de seguridad donde ella guarda el carro, ni en las cámaras cercanas a la residencia. Es decir, nada lo vincula, no hay indicios de que él tuvo algo que ver con esa droga. ¿Por qué entonces ella está en la casa y mi hijo en la cárcel? A ella le hallaron droga, a mi hijo nada; ¿dónde está la igualdad?”, se preguntó.

Refirió que el carro de ella no fue puesto a disposición de la ONA, pero la Fiscalía pide la confiscación del vehículo de Nelson, pese a que en él no hallaron evidencia de interés criminalístico. En esta situación permanece el comerciante desde agosto. No fue reseñado policialmente a nivel regional, sino TD1, es decir, a nivel nacional e internacional, como traficante de droga, por presunta orden de la jueza en mención.

El pasado viernes se realizó una “Operación Cayapa” en Politáchira, pero, por sugerencia del abogado defensor, era preferible ganar tiempo y no era, en ese momento, que Nelson participara en la actividad, ya que supuestamente tienen información que la audiencia preliminar se pospuso para el 3 de diciembre, y que la supuesta orden de la jueza era privarlo de libertad, que fuera a juicio en esta condición.

Miriam Bustos

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