Repelencias
23 de noviembre de 2024
“Luego que fueran liberados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) los ocho soldados venezolanos que estaban en poder de esa organización subversiva, a quienes el Ministerio de la Defensa de Venezuela calificó como secuestrados, mientras que el comunicado de las FARC a la Cruz Roja Internacional los señaló como prisioneros de guerra, se debe proceder a la libertad plena de los civiles secuestrados judicialmente por Nicolás Maduro, por orden del tribunal militar de Guasdualito”.
Así lo manifestó el presidente de la Fundación El Amparo, director del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, al presentar la foto de los detenidos.
Indicó Márquez que la detención de estos ciudadanos ha estado plagada de irregularidades. “El juez militar 14° de Control de Guasdualito, coronel Benigno Antonio Medina Valero, ordenó la detención preventiva contra 34 civiles que fueron apresados a partir del 21 de marzo del presente año, dentro del conflicto armado en el Alto Apure, especialmente en la parroquia Urdaneta del municipio Páez, cuando, de acuerdo a investigaciones que hemos adelantado, dentro de ese grupo de detenidos no hay ni un solo guerrillero; la mayoría son obreros agrícolas, campesinos, docentes y otros trabajadores de la ciudad de La Victoria, en Apure, gente que se dedica a la producción de quesos, mecánicos; la mayoría de ellos fueron detenidos en sus casas, en sus lugares de trabajo y en alcabalas. Ninguno de ellos se conocían entre sí, pero luego los juntaron y los acusaron de traición a la patria, rebelión militar, espionaje y ataque al centinela, fabricándoles un expediente en el que incluyeron como pruebas unas báculas de fabricación casera, armas que son de uso frecuente en el campo; también les colocaron municiones que no corresponden a ese tipo de armamento, así como uniformes militares que tenían algunos campesinos, quienes habían sido soldados y aún conservaban los uniformes en sus casas”.
Simulación de un hecho punible
—De acuerdo con esta investigación –aclaró Márquez-, hubo una simulación de hecho punible por parte de las autoridades militares. De los 34 detenidos, 28 fueron trasladados a Santa Ana del Táchira, al pabellón de Procesados Militares (Procemil), y al momento del acto conclusivo fueron liberados 3 de ellos: Lino García, Evelio Acuña y Arnol Cermeño, contra quienes ni siquiera hubo formulación de cargos; pero, aun así, en lugar de darles libertad plena, les dieron una libertad condicional, sujeta a no salir del país y a presentación periódica ante el tribunal militar de Guasdualito, mientras que el fiscal militar les formuló cargos a los 27 restantes.
Detalló que con esta decisión, de juzgar a civiles en tribunales militares, se violó el artículo 49, numeral 4, de la Constitución de la República, que garantiza el derecho al juez natural, y también se violó el artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre tribunales independientes e imparciales, y en el caso, la jurisprudencia internacional establece claramente que los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares, pues solo militares que cometan delitos militares pueden ser juzgados por la jurisdicción castrense.
Audiencia preliminar
La audiencia preliminar de estos civiles detenidos en el Centro de Procesados Militares, en Santa Ana del Táchira, se efectuará los días lunes 7 y martes 8 de la semana próxima, en las instalaciones del Tribunal Militar de San Cristóbal, con la presencia del juez militar 14° de Control, el fiscal militar, el defensor público de presos militares de Guasdualito y algunos defensores privados, en la que se debe acordar la libertad o el pase a juicio de los ciudadanos: Carlos García, Jhoan Hernández Sierra, Ubaldo Hernández Sierra, Jorge Ávila, Édgar Hernández, Daniel Tovar, Jesús Manosalva, Víctor Mercado, Adolfo Mercado, Rafael Gómez Peralta, Roberto Rosendo, Jairo Moreno Matus, Francisco Filot, Elvis Guerrero, Franklin Castillo Nieves, Franmer Castillo Nieves, Edicson Quintero y Mónica Triana.
La Fundación El Amparo exige que sea acordada la libertad plena de esos detenidos, “en primer lugar, porque no hay un solo guerrillero entre los presos del Alto Apure; en segundo lugar, porque las pruebas fueron fabricadas y, en tercer lugar, porque los civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares, de acuerdo con las doctrinas y jurisprudencias nacionales e internacionales; por lo tanto, solicitamos públicamente su libertad plena o por lo menos que les otorguen medidas cautelares sustitutivas, es decir, libertad condicional”, finalizó Márquez.
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