Un informe publicado por la organización Proiuris enumeró las constantes violaciones y vulneraciones a los derechos humanos que sufren las migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia.

En la tercera entrega del informe, titulado “Vulneraciones legales más comunes en contra de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas”, la organización explicó cuáles son las transgresiones que viven constantemente las mujeres en Colombia y que, muchas veces, están amparadas por las leyes.

Entre las violaciones más destacadas se encuentran la falta de acceso al sistema de salud con enfoque de género, debido a que “todas las normativas expuestas en el reporte hacen mención a la protección del migrante en general, sin tener en cuenta ciertas necesidades especiales que pueden presentar las mujeres migrantes y refugiadas”.

Según destacaron, las mujeres son más vulnerables que el resto de la población, sobre todo si emigran en compañía de niños.

Es por esto que pidieron incluir, dentro de las leyes, un respaldo sobre las necesidades de las migrantes y refugiadas venezolanas, puesto que, la mayoría de veces, llegan a Colombia en busca de un sustento para mantener a sus familias que quedaron en Venezuela o junto a sus hijos, buscando mejores oportunidades.

Las necesidades de las migrantes

Si bien es cierto que el documento analiza una serie de casos expuestos por venezolanas, también detalla las brechas que existen en las leyes colombianas con respecto a las necesidades de las mujeres venezolanas que se encuentran en su territorio.

Frente a esta lucha, es necesaria “una sentencia frente a la Corte”, la cual ordenaría luchar contra la trata de personas y activar mecanismos de alerta, debido a que es uno de los delitos más difíciles de determinar porque muchas veces las víctimas son engañadas por personas cercanas, según explicaron.

Esto obligaría a las instituciones estatales a reforzar sus políticas de prevención, investigación y sanción de estos delitos. Esto evidencia los vacíos que habría al interior de las instituciones en la protección de los derechos de las mujeres que son víctimas de este delito.

Prorius resaltó la importancia de reconocer que las mujeres víctimas de este delito poseen una condición especial de vulnerabilidad que las hace “las víctimas perfectas para estos delincuentes”.

De igual forma, señalaron la importancia de tener en cuenta la carencia de los servicios de salud sexual y reproductiva, así como el acceso a los servicios de salud mental, debido a que un grupo de venezolanas declararon sufrir de depresión ante la angustia de tener que salir de su país dejando su hogar y familia, sumado a las dificultades que viven en Colombia como migrantes.

“De 2.298 mujeres, el 81 % reconoció padecer de depresión. Por tanto, no es un tema menor y el Gobierno debería tener en cuenta dicha circunstancia para ofrecer servicios que hagan frente a este problema”.

El acceso al trabajo

El derecho al trabajo también es un tema importante que incluyeron en el estudio, debido a que “la situación que se expuso sobre los solicitantes de refugio en Colombia demuestra una coyuntura crítica de oportunidades y de acceso al servicio de salud”.

Lo anterior expuesto se debe a que “los solicitantes de refugio, titulares del salvoconducto SC-2, no podrán acceder a un trabajo legal durante el tiempo que su proceso sea analizado por la CONARE, del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

La falta de oportunidades laborales pone en especial riesgo a las migrantes, pues estas se ven expuestas a situaciones de trata de personas o al verse obligadas a ser trabajadoras sexuales para poder sostener a su familia o incluso sufrir de abusos laborales por su condición de migrantes irregulares”, añade el documento.

Fortalecer las instituciones

Frente a la problemática expuesta, la organización resaltó la necesidad de fortalecer las instituciones colombianas y reforzar los medios de atención de las víctimas para que los funcionarios cuenten con los mecanismos suficientes para poder asistir a las venezolanas como se debe.

Asimismo, pidieron habilitar el acceso a los servicios de salud y crear políticas de salud mental destinadas a las mujeres venezolanas, además de realizar jornadas de capacitación a funcionarios y prestadores de servicio sobre las normas de protección a las migrantes y refugiadas. Por Neiyer Angarita / Este trabajo periodístico forma parte del proyecto Mujeres Periodistas Constructoras de Paz