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Tres modalidades usó el BOD en su «trama» para captar depósitos en divisas, según demanda

28 de julio de 2023

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El caso del Grupo Financiero BOD ha tomado relevancia en las últimas semanas debido a las acciones que han llevado a cabo los abogados de los afectados, quienes buscan la devolución de sus depósitos o la justicia. Afirman que ya no es solo un tema de responsabilidad frente a los depositantes que han demandado a la entidad bancaria, sino que se extiende a otras dimensiones como la de afectación de los derechos humanos.

Recientemente, los abogados de 200 clientes del BOD que perdieron sus ahorros con la liquidación e intervención de los bancos en el extranjero, acudieron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, para denunciar al Estado venezolano por denegación de justicia. Consideran que hay una clara violación de derechos fundamentales como el acceso a la justicia, debido al retraso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en admitir o rechazar la demanda interpuesta en octubre de 2022.

Varias informaciones se han dado sobre lo qué ocurrió con los depósitos de clientes venezolanos del BOD a quienes transfirieron los recursos a los bancos offshore como Banco Orinoco NV de Curazao, BOI Bank de Antigua y Barbuda, All Bank Corp de Panamá y Bancamérica de República Dominicana. Mientras que directivos del grupo financiero venezolano no han dado explicaciones a la opinión pública, sobre lo que alegan sus clientes, salvo la rueda de prensa que el presidente del BOD, Víctor Vargas Irausquin diera en el año 2019 cuando las autoridades financieras intervinieron la entidad y a sus filiales en el exterior.

Lo que se sabe hasta ahora del caso son los alegatos contenidos en la demanda ante el TSJ contra el grupo financiero venezolano por parte de sus clientes, quienes denuncian que no han podido tener acceso a sus depósitos en divisas, lo que ha generado importantes pérdidas para ellos y para sus familias.

Los abogados del caso Carlos Calderón y Roberto Hung consideran que están ante «uno de los casos judiciales más importantes en Venezuela, el de la demanda por derechos colectivos por parte de depositantes de los bancos que conforman el Grupo Financiero BPD que ven en riesgo su patrimonio».

A continuación, los alegatos y los puntos más importantes que contiene la demanda que se introdujo en el TSJ contra el BOD:-Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. es la figura que representa y lidera el holding que constituye el Grupo Financiero BOD, conformado por entidades de seguro, del mercado de valores y bancario, además de cuatro entidades de nacionalidad extranjera: Banco del Orinoco N.V. de Curazao, BOI Bank Corporation de Antigua y Barbuda, All Bank Corp de Panamá y Banco Múltiple de las Américas (Bancamerica) de República Dominicana.-Las operaciones de cada una de estas entidades se encuentran plenamente vinculadas entre sí, con operaciones cruzadas y recurrentes que implican el traslado de fondos entre unas y otras, aprovechando las facilidades que le permitía la condición de banca offshore y la restringida supervisión bancaria aplicada en los distintos territorios donde se encuentran domiciliadas. Disponían de un banco corresponsal internacional común (Novo Banco S.A.) de nacionalidad portuguesa, el cual facilitó operaciones de transferencias internacionales, precisamente por estar integrada en un solo grupo financiero

-En la práctica, las cinco entidades del Grupo Financiero BOD, se encuentran relacionadas, sobre todo tomando en cuenta que tres de las entidades bancarias BOD, BDO y BOI, atienden carteras de clientes venezolanos casi en su totalidad, y las dos restantes, AllBank y Bancamerica, cuentan también con clientes venezolanos y extranjeros.

-El Grupo Financiero BOD activó desde sus estructuras tanto físicas como humanas, la apertura de cuentas y traslado de divisas a las entidades extranjeras del Grupo; es decir, desde Venezuela se produjo la captación de los clientes venezolanos que conforman los depósitos en los bancos extranjeros, así como la tramitación de apertura de cuentas, transferencias de fondos, incluso los originalmente realizados en bolívares en el BOD Venezuela; otorgamiento de créditos en bolívares con garantías y respaldo en los depósitos en divisas constituidos en los bancos extranjeros del Grupo y muchas operaciones vinculantes más.

«De hecho, la gran mayoría de nosotros y de los afectados en general, nunca acudimos a las sedes o agencias de esos bancos fuera de Venezuela, todo se hacía desde aquí, en las oficinas del BOD Venezuela», refiere la demanda.

-Diversas fueron las modalidades utilizadas por el BOD bajo el régimen de control cambiario que entró en vigencia en 2003, para captar recursos de ciudadanos y empresas venezolanas con la finalidad de ser trasladados a las distintas entidades bancarias del grupo en el extranjero.

-Destaca además una modalidad que utilizaron para la captación de divisas, que tuvo su origen en 2010 hasta 2013, la cual se basó en el mecanismo establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) denominado Sistema de Transacciones con Títulos Valores en Moneda Extranjera (Sitme) que permitía a personas naturales y jurídicas adquirir divisas a través de las entidades bancarias debidamente autorizadas (operador autorizado como lo fue el BOD), en subastas programadas por el BCV.

«Fue a través de este mecanismo que algunos de los que aquí suscribimos obtuvimos del BOD divisas que eran posteriormente transferidas a los bancos internacionales del Grupo. Es entonces cuando el BOD, establecía como condición para servir como banco tramitador y posterior custodio de los fondos en dólares a través de uno cualquiera de sus bancos internacionales, que las divisas fueran recibidas por las entidades internacionales del Grupo donde debía constituirse un Depósito a Plazo Fijo (DPF) por un lapso mínimo de un (1) año, tramitación que por lo demás era canalizada desde Venezuela por los ejecutivos del banco», se señala en la demanda.

Transcurrido el tiempo impuesto de vigencia del título, es decir, vencido el plazo de un año del título valor emitido, el DPF se renovaba de manera automática a pesar del señalamiento oportuno de los beneficiarios de dar por terminada la inversión.

-Desde el 2015 en adelante, el mecanismo de fondeo de los bancos internacionales con depósitos de ciudadanos y empresas venezolanas era a través de operaciones de préstamo y posterior cambio en divisas realizadas en las casas de cambio del Grupo. El BOD otorgaba préstamos comerciales en bolívares con garantía sobre los DPF que los clientes tenían en los bancos extranjeros, forzadamente en los bancos internacionales. Parte del producto de esos créditos comerciales en moneda nacional, se utilizaba para nuevas operaciones de cambio cuyo producto fondeaba las cuentas de esos clientes del Grupo Financiero BOD en los bancos internacionales a través de operaciones de compra de divisas en las casas de cambio que igualmente forman parte del holding.

-Otra modalidad que destaca y que utilizó el BOD como mecanismo para captar fondos en Venezuela y ser transferidos a sus instituciones «hermanas» localizadas en el Caribe, era la emisión de una Tarjeta de Crédito (TDC) garantizada. Consistió en emitir una TDC respaldada por el BOI Bank con un depósito en garantía equivalente al 150% del límite de crédito de esta. Esto se traduce en que el cliente debía por ejemplo depositar $15.000 para recibir una TDC con límite de $10.000.

-El inmenso pasivo captado de los depositantes venezolanos, estimado en un poco más de mil millones de dólares fue utilizado por el conjunto de entidades bancarias offshore que componen el Grupo, «en inversiones de alto riesgo para la época». La inmensa mayoría de las captaciones en divisas fueron convertidas en inversiones en bonos de deuda pública de la República Bolivariana de Venezuela o en títulos de empresas del Estado, específicamente en bonos emitidos por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), denominados en la moneda norteamericana y generadores de intereses pagaderos en la misma moneda, aprovechando la tendencia acelerada de endeudamiento público del país a partir del año 2007.

«En noviembre de 2017 la rueda se trancó. Venezuela no soportó la caída de sus ingresos petroleros viéndose impedida para pagar sus deudas, lo que trajo como consecuencia la consideración por parte de las principales calificadoras mundiales de riesgo financiero de la existencia de un estado de incumplimiento selectivo (default selectivo) de sus títulos de deuda pública. Es entonces que aparecen los problemas de las entidades en el Caribe que componen el Grupo Financiero BOD dominado por el holding Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.; una a una empieza a mostrar problemas de liquidez e insolvencia, de incumplirse entre ellas mismas la devolución de depósitos y títulos valores en custodia», se indicó en la demanda.

-En septiembre de 2019 se dio comienzo a procesos legales y administrativos sucesivos en cada una de las entidades del Grupo Financiero, incluidas la del BOD en Venezuela, que generaron situaciones de intervención y/o liquidación bancaria.