La alícuota de 9% para el Fondo de Pensiones, sigue siendo un impuesto más y una ley reaccionaria porque perjudica la posibilidad de que las empresas suban salarios a sus propios trabajadores.

El pronunciamiento lo hace el sociólogo y socio de Datanálisis, analista José Antonio Gil Yepes, quien coincide con el economista en llamar lo que el Gobierno llama una contribución de los empresarios, como un nuevo tributo, que viene a pesar una tonelada ante la carga tributaria que ya tienen las empresas como los impuestos nacionales, estadales y municipales y muchos parafiscales.

Si bien, no se fijó la alícuota en 15% como lo establecía la normativa aprobada en la írrita Asamblea Nacional del 2020, tampoco se aplicó el 6% propuesto por los empleadores; sin embargo, muchas empresas pequeñas no podrán cumplir con estas nuevas obligaciones debido a que tienen problemas de flujo de caja y de sus estructuras de costos.  

Los empresarios van a cumplir con la alícuota establecida de 9%, pero de las 2.700 y tantas empresas que aún subsistente, muchas tendrán que bajar sus Santamaría, debido a que no podrán cumplir con este nuevo impuesto, ya los alertas han comenzado a recibirse en las organizaciones gremiales, pero ya el daño está hecho y las experiencias negativas con los recursos de los Fondos de Pensiones del pasado, ahora pretenden en dos parcelas a quienes hoy representan a los empleadores.

El Impulso