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2 de noviembre de 2024
Carlos Casanova Leal
La política pública se mide por resultados. Así, al formular una política ya sea económica, educativa, de promoción, debe contar con un programa, objetivos que se propone alcanzar, cantidad de ciudadanos que cubrirá ese proyecto, tiempo para lograrlo y, fundamentalmente, cuánto presupuesto se destina para tal fin; de hecho, todas las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional deben contar (no sé si aún lo hacen) con el estudio de impacto económico.
Los funcionarios de elección popular juran con su mano derecha sobre la Constitución cumplirla y hacerla cumplir; es así, en razón de que ese marco normativo cobija a gobernantes y gobernados, de donde el ciudadano aprueba la Carta magna y le entrega un poder delegado de la soberanía popular al gobernante para que en su nombre cumpla lo que allí se establece en favor del ciudadano; por ello, los derechos constitucionales escritos lo son en protección del pueblo, es el primer mandato que deben cumplir.
El derecho a la salud, al trabajo, a la educación, por ejemplo, no son deseos de la gente ni del gobernante; son derechos, y para que el ciudadano ejercite esos y otros derechos, el gobernante debe proponer y promover, en primer lugar, leyes; y en segundo término, programas para que esos derechos convertidos en políticas sean eficaces en cuanto al disfrute del ciudadano.
¿Es necesario hablar y escribir de esto? Sí, sí es necesario; se hace preciso retomar el debate de la crisis inducida del país desde la perspectiva de las soluciones, es ahí donde la política asumiría uno de sus roles, como es el de formar e informar sobre cómo se hace para que lo que nos sucede, deje de suceder.
Los ciudadanos, los gobernantes y los políticos, en gran medida, señalan, por ejemplo, que aumentar el salario que recibe el trabajador es incrementar la inflación, y con esa afirmación concluyen sus diálogos los vecinos, por repetición de lo que escucha; en oportunidades señalamos que formulamos la argumentación política desde valores que ya no se comparten en la sociedad.
Es así. Fíjese, salario como tal ya no existe, pero seguimos hablando de él, y pedimos aumento; el salario es la masa monetaria que recibe el trabajador para que su familia viva dignamente; ahí una limitante, si no dignifica a la familia, si no cubre todas las necesidades de la familia, pues no es salario.
Lo cierto es que el control de cambio fija un precio del dólar y automáticamente aparece el paralelo; si no existiera control de cambios no existiría paralelo. Pero la distancia entre el oficial y el que no lo es, incrementa la inflación, y por otro lado, el Gobierno para pagar sus cuentas inyecta dinero inorgánico, la base monetaria aumentó un 200 % en la economía incrementando la inflación; pero esto poco se debate.
¿Y por cual razón no establece una política de revalorizar el bolívar? Así sin aumentar el llamado salario, aumenta la capacidad de compra del ciudadano.
¿Es la inflación una política del gobierno?
La libertad económica, es el derecho de todo ciudadano de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, de donde el Gobierno tiene la obligación de promover la actividad privada. ¿La promueve? Por lo menos ya no expropia más, creo no queda más por expropiar…
¿En qué términos está definida la política de generación de empleos? ¿Quién vendió y por cual razón las refinerías de Venezuela que se encontraban en el exterior?
Para salir de la crisis hay que cumplir los mandatos de la Constitución, que está diseñada para la abundancia y no para vivir pobres.
¿Vivimos un proceso de reversión de nuestras libertades y derechos? Surge la pregunta obligada: ¿Para quién se gobierna entonces?
Dios con nosotros.
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