Bleima Márquez

Un grupo de, al menos, 13 arrendadores de viviendas alquiladas por la Fundación Misión Barrio Adentro para alojar al personal cubano que trabaja en ese programa social de Venezuela, denunciaron la grave situación que atraviesan debido a la falta de pago del canon de arrendamiento, además del deterioro de sus propiedades y la imposibilidad de recuperar los inmuebles. Los afectados, en su mayoría personas de la tercera edad, exigen una pronta solución a las autoridades nacionales y regionales.

Aura Elena Molina, una de las voceras de los arrendadores, explicó que la Fundación Misión Barrio Adentro les adeuda cuatro meses de alquiler, una situación recurrente que se agrava por la constante devaluación del bolívar.

«Nunca pagan al día, y cuando se nos paga, el canon de arrendamiento ya está totalmente devaluado», afirmó Molina, y destacó que los montos de alquiler no han sido incrementados desde 2022, a pesar de la inflación.

Los denunciantes resaltan que las viviendas están siendo severamente afectadas por el mal uso y el incumplimiento del contrato por parte de la Fundación Misión Barrio Adentro en cuanto a las reparaciones menores. Además, los inmuebles han sido utilizados como depósitos de electrodomésticos como televisores, neveras, lavadoras, cocinas, entre otros, que, una vez en desuso o desincorporados, son abandonados en las propiedades, sin que Bienes Nacionales los retire.

«Nosotros somos personas de la tercera edad que trabajamos toda nuestra vida para comprar esas viviendas y, al llegar a esta etapa, poder tener recursos para satisfacer nuestras necesidades, y sin embargo, eso no es posible», lamentó Molina.

Subrayaron los propietarios de los inmuebles que en una reunión sostenida el jueves 3 de julio en San Cristóbal, específicamente en Corposalud, donde está la sede de la Fundación, con la administradora y un abogado, entregaron un oficio dirigido al presidente de la Fundación Barrio Adentro en Caracas, con la esperanza de que la situación sea solucionada.

Teresa Jáuregui Cantor, otra de las afectadas, quien representa a su esposo de 85 años y propietario de la posada turística Colinas del Torbes, en La Concordia, también recalcó la falta de respuesta de las autoridades centrales.

«Las personas de San Cristóbal nos atienden, pero la información va a Caracas, y las señoras Nerva y Jennifer San Juan, encargadas allá, no dan respuesta y llegan al límite de bloquearnos en los sistemas de comunicación», denunció Jáuregui.

Aseguran que la situación es crítica para muchos de los arrendadores, quienes dependen de estos ingresos para subsistir y cubrir gastos de salud. «Mi esposo es una persona de 85 años, es enfermo, necesita de su marcapasos, de muchos medicamentos caros, y nosotros vivimos única y exclusivamente de eso, de la pensión y de mi sueldo de jubilada», enfatizó Jáuregui.

Afirman que los propietarios, algunos de ellos con casi 90 años, están desesperados. Sostienen que han intentado negociar un aumento en el canon de arrendamiento, pero les han negado esa posibilidad. Ante la falta de pago, exigen la devolución de sus propiedades para poder disponer de ellas. «Si una institución del Estado no tiene recursos para pagar una vivienda, que la devuelva», afirmó Aura Elena Molina, seguida de gestos de apoyo de los demás representantes de los propietarios afectados.

Los arrendadores hacen un llamado a la Ministra de Salud, al presidente de la Fundación Misión Barrio Adentro y al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, para que atiendan su situación y se les pague lo adeudado o se les restituyan sus viviendas, que cada día se encuentran en peor estado de deterioro. (Bleima Márquez)

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