El ex presidente de Perú Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, recluidos desde julio de 2017 en prisión preventiva en Lima, saldrán libres después de que el Tribunal Constitucional admitiese una demanda de habeas corpus (derecho a ser conducido ante un juez para que decida sobre la legalidad de una detención) presentada por la defensa de los políticos, según ha informado este jueves el presidente de la corte, Ernesto Blume.

El año pasado, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva durante 18 meses para ambos a petición de la fiscalía, que los investiga por lavado de activos en agravio del Estado y asociación ilícita para delinquir, debido a los aportes ilegales que recibieron en las campañas electorales de 2006 y 2011, difundió El País de España.

Los fondos procedían, principalmente, de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en casos de corrupción a lo largo y ancho de América Latina.

El magistrado Concepción dijo entonces que, en un proceso judicial anterior contra Humala por violación de derechos humanos, cuando era oficial del Ejército, comprobó que la defensa compró testigos para que cambiaran su declaración judicial a favor del encausado. Sobre Heredia, aludió a un contrato de trabajo con  la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Suiza. El juez cree que podrían obstruir la investigación.

Humala ha cumplido la detención en un recinto en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, el mismo complejo en el cual estuvo preso el autócrata Alberto Fujimori hasta diciembre.

Heredia estuvo recluida en la cárcel Virgen de Fátima, en Chorrillos, al sur de la capital. La pareja recibió la noticia de su próxima libertad en el interior de las instalaciones policiales. La familia había recibido autorización para reunirse por el cumpleaños de la hija mayor del matrimonio.

“Lo que ha hecho el tribunal es un acto de justicia, revocó una medida excesiva”, comentó en la televisión estatal uno de los abogados de los Humala-Heredia, Wilfredo Pedraza. El diario La República informó de que la decisión de admitir el habeas corpus estaba empatada desde el 10 de abril. Al haber retornado de vacaciones uno de los magistrados, el conteo quedó este jueves en cuatro votos a favor y tres votos en contra.

Al referirse a la sentencia, el presidente del Constitucional destacó que la decisión “no ha juzgado el tema de fondo del caso, que es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial y que el Tribunal Constitucional respeta de manera escrupulosa”.

En un breve pronunciamiento a la prensa, Blume apuntó, como argumentos principales a favor de la excarcelación, “los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la libertad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia y la debida motivación de la sentencia judicial”.

“La justicia mediática no es justicia. La única forma de luchar de manera coherente contra la corrupción es constitucionalizándola”, agregó el presidente del Constitucional.

En febrero, el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, Rafael Vela, dijo que ya contaba con las pruebas de que la ex pareja presidencial recibió tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral de 2011.

El funcionario anunció que presentaría la acusación fiscal este mes. Algunas de las pruebas son las declaraciones del ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y de otros testigos brasileños; y las pericias contables y financieras que concluyeron que la pareja tenía un desequilibrio patrimonial de nueve millones de dólares.

Pedro Cateriano, ex primer ministro del Gobierno de Humala, comentó en Radioprogramas que la Fiscalía “investiga a una serie de políticos por el financiamiento ilegal de campañas electorales, pero en el ordenamiento legal no está tipificado como un delito, por eso usa otros tipos penales para acusarlos, como lavado de activos y defraudación tributaria. El Parlamento debe tipificarlo como tal”, refirió.

La Fiscalía también investiga por la supuesta recepción ilegal de dinero de Odebrecht a la excandidata presidencial y líder de la oposición Keiko Fujimori; los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García; la exalcaldesa metropolitana de Lima, Susana Villarán; y el gobernador regional del Callao, Félix Moreno.