César Rivas, habitante de un módulo olvidado de la misión vivienda perteneciente a la urbanización Juan Pablo II en el municipio Torbes, denuncia la presunta agresión sufrida, por parte de funcionarios de la alcaldía de esa entidad, en compañía de autoridades que se identificaron como oficiales del DGCIM, policía municipal y policía Nacional, quiénes, según lo denunciado, buscaban desalojarlos del lugar donde habitan.

El hecho se produjo el domingo 6 de mayo a las 4 de la tarde, cuando los efectivos llegaron al lugar donde reside César, junto a su esposa, su hijastro y otras dos familias, para detenerlos y posteriormente subirlos a una patrulla en la cual duraron, aproximadamente, 4 horas recibiendo golpes y amenazas, según lo que relata Rivas.

Por su parte, Blanca Luna, esposa de César, señala que fueron despojados de sus objetos personales, dinero en efectivo, pesos y artículos para el hogar, así como asegura que su hijo de 18 años, quien fue intervenido quirúrgicamente hace pocos meses, fue víctima de agresión física por parte de los funcionarios sin motivo alguno, así como alega que quemaron sus prendas de vestir, el colchón donde dormían y que arrojaron a la calle la única comida que tenían para el día.

Según los denunciantes, estos funcionarios los amenazaron de muerte si no procedían a desalojarlos 3 módulos de la misión vivienda que están siendo habitados por las 3 familias mientras solucionan su problema de residencia. Luna, relata que todos estos hechos violentos se llevaron a cabo frente a los niños que habitan el sitio.

“Este hecho no puede quedar impune, porque ellos no tienen que tomarse la justicia por las manos, somos tres familias necesitadas, que no tenemos en estos momentos el sustento para la comida”, asegura Blanca, quien manifiesta sentirse impotente por el mal trato recibido por parte de los funcionarios, quienes no mostraron en ningún momento una orden de allanamiento o de detención.

“Si nos hubieran conseguido algo ilegal no nos habrían soltado, pero como no teníamos nada nos soltaron con la condición de que nos fuéramos del lugar en los próximos días”, aclara César.
Asimismo, los denunciantes, quienes afirmaron que presentarían su caso en el Ministerio Público, exigen que se les garantice el derecho a la vida y exigen ayuda para recibir una vivienda, ya que no han obtenido respuesta a sus peticiones.
(Neiyer Angarita/pasante)