Periodistas en Nicaragua piden respetar la libertad de prensa en medio de la crisis

«La libertad de prensa es un derecho del ciudadano y el derecho nuestro de hacer el trabajo y no está en juego y no vamos a renunciar a esto», dijo el periodista Luis Galeano durante la manifestación realizada en la rotonda «El Periodista», en el oeste de la capital.

Galeano, apuntó que se mantiene «una campaña sucia» y de desprestigio contra los periodistas nicaragüense que no son afines o no trabajan en medios del Gobierno para tratar de «reducirnos», «sentir vergüenza» e «intimidar a nuestras familias», sin embargo señaló que seguirán haciendo el trabajo como profesionales.

La agresión más reciente al gremio periodístico fue el secuestro del corresponsal de Canal 10 de televisión local, Roberto Collado, mientras daba cobertura este domingo a una marcha a favor de los obispos en la ciudad de Granada, ubicada 42 kilómetros al sureste de Managua.

Después de cuatro horas de secuestro por personas encapuchadas y armadas, según vídeos en las redes sociales, Collado de 22 años de edad fue liberado con una herida en la cabeza y todo el cuerpo golpeado.

El 27 de julio pasado el comunicador Paco Espinoza, quien cubría la crisis sociopolítica en la zona norte del país, fue capturado por la Policía Nacional, según denunció el Canal 10 de televisión local, medio donde trabaja.

Por estos casos y los demás profesionales que han sido agredidos durante las coberturas, los periodistas, en medio de un caos vehícular, trataron de hacer visible sus exigencias portando la bandera de Nicaragua y carteles pidiendo libertad de prensa y de expresión.

«Estamos del lado del pueblo. No podemos normalizar la agresión a los periodistas», dijo el periodista del Canal 12 de televisión local, Wilmer Benavidez.

Los periodistas han sido capturados y asediados en medio de una crisis que ha dejado entre 295 y 448 muertos en manifestaciones contra Ortega desde el 18 de abril pasado, entre ellos el periodista Ángel Gahona, asesinado a disparos durante las primeras manifestaciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», todo negado por las autoridades. EFE