Investigan por fraude fiscal a un fondo de representación de futbolistas

Junto a ellos también están siendo investigados el agente de futbolistas «Juan Manuel López Martínez y su pareja Rocío del Carmen Sánchez», así como «el también intermediario Mariano Aguilar López y su hermano Miguel», por delito fiscal y también por blanqueo de capitales.

Todos ellos han sido citados a declarar ante el juez, que abre esta investigación tras admitir una denuncia de la fiscalía anticorrupción.

El juez considera que la rama española de Doyen Sports, constituida en 2011 en Malta y ya clausurada, «se ha servido de un compleja estructura societaria tendente a ocultar a la Hacienda española que la gestión efectiva de Doyen Sports se realizaba desde España y no desde Malta, como se simulaba».

El magistrado considera que Doyen pudo obtener unos beneficios por gestión de jugadores de unos 20,5 millones de euros entre 2013 y 2016, a lo que habría que añadir 1,3 millones de euros de beneficios por préstamos entre 2013 y 2015 a equipos como el Atlético de Madrid, el Sevilla o el Sporting de Gijón.

Así, sólo en 2013, Doyen podría haber defraudado más de 5 millones de euros, a lo que pueden sumarse «nuevas cantidades una vez que se disponga de la información precisa para cuantificarla».

El fondo Doyen, que apareció en el caso ‘Fútbol Leaks’ después que el pirata informático portugués Rui Pinto accediera a sus sistemas informáticos, se dedicaba en España a la financiación de equipos y «a la compra y venta de derechos económicos de jugadores de fútbol y la representación y gestión de derechos de imagen de futbolistas».

Entre estas, se encuentra «la venta de derechos económicos de (Radamel) Falcao» o la «compra del 50% de los derechos de Kondogbia».

Como pago por sus servicios, Doyen no sólo recibía «el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta» de futbolistas, que el equipo en cuestión se comprometía a efectuar obligatoriamente en cuanto llegara una oferta que cumpliera las condiciones estipuladas en los acuerdos entre el club y Doyen.

La FIFA prohibió en abril de 2015 estas prácticas, las denominadas TPO (Third Party Ownership), pero Doyen, según el auto del juez, mantuvo sus contratos ya formalizados.