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Pekín, China. (AFP) A poco más de una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, que se celebrarán del 4 al 20 de febrero, China está lista, pese a la incertidumbre del covid y otras cuestiones como el respeto a los derechos humanos y las acusaciones de espionaje informático.
Las pistas de esquí y de patinaje, así como los trampolines, ya están preparados en un país donde la planificación se erige en casi una religión. Todas las infraestructuras de la competición están finalizadas desde hace más de un año.
Por este motivo, China, que está viendo cómo los deportistas, periodistas y delegaciones van llegando de manera progresiva desde hace semanas, promete unos Juegos «espléndidos, excepcionales y extraordinarios».
Burbuja
Gracias a las fuertes medidas (confinamiento localizado, cuasicierres de fronteras, cribado y seguimiento de los movimientos), el país, salvo brotes esporádicos, está libre de coronavirus desde primavera de 2020.
Pero, con la llegada de miles de extranjeros, potenciales transmisores del virus, Pekín ha implantado una burbuja sanitaria para evitar una explosión de casos, un aislamiento incluso más restrictivo que en Tokio durante las Olimpiadas de verano en 2021.
Hasta ahora, el dique aguanta. Pese a que se han registrado decenas de casos positivos en los últimos días entre los participantes, no hay ningún brote en la burbuja.
«Hay opciones de que estas medidas sean efectivas», señaló Yanzhong Huang, especialista en cuestiones de salud en el Council on Foreign Relations estadounidense.
«Todo un equipo puede ser puesto en cuarentena si uno de los miembros da positivo», agregó Yanzhong Huang.
Fuera de la burbuja, la ciudad de Pekín se enfrenta desde hace unos días a un repunte epidémico por la aparición de la variante ómicron.
Uigures
Además de los problemas en Hong Kong y Tíbet, la cuestión de los uigures suscita una creciente presión internacional.
Desde los atentados atribuidos a los islamistas y separatistas uigures, China impone un férreo control de seguridad en la región de Xinjiang (noroeste), donde vive la mayoría de los uigures.
Algunos informes occidentales denuncian que Pekín ha internado en «campos» al menos a un millón de personas, en su mayoría uigures, e incluso que ha impuesto «esterilizaciones obligatorias» o «trabajos forzados».
Apoyándose en estas investigaciones, Washington ha acusado a China de «genocidio», al igual que las asambleas parlamentarias de otros países como Francia, Canadá o Reino Unido.
Por su parte, China niega estas acusaciones, denuncia manipulaciones estadísticas y presenta los «campos» como «centros de formación profesional» destinados a mantener a los habitantes alejados del extremismo religioso.
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