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Moscú, Rusia (AFP) El increíble escándalo de “dopaje de Estado” que amenaza a Rusia con quedar excluida de los Juegos Olímpicos-2020 y 2022 supone un golpe a la política de prestigio deportivo perseguida por Vladimir Putin, al menos en el plano internacional.
La imagen del presidente en Rusia no debería verse comprometida, luego de que Moscú haya presentado esta profunda crisis como la nueva prueba de la existencia de un complot mediático occidental para humillar al país y descartar a sus deportistas.
El próximo 9 de diciembre, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidirá si Rusia es expulsada cuatro años de las competiciones internacionales por haber “manipulado” datos antidopaje, para camuflar controles positivos.
Este es el último giro de un caso que comenzó con la revelación en 2015 de un dopaje institucional practicado desde 2011, que implicaba a altos funcionarios, agentes secretos y tráfico de frascos de orina.
El golpe es aún más duro porque el escándalo parecía a punto de llegar a su fin. En septiembre de 2018, la AMA levantó la suspensión de la agencia antidopaje RUSADA, antes de la entrega por parte de Moscú de esos datos brutos de controles antidopaje.
Desde hace varios años, Rusia utiliza el deporte con fines políticos y diplomáticos para recuperar su prestigio.
El país organizó los Mundiales de atletismo (2013), los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi (2014), los Mundiales de natación (2015) y de hockey sobre hielo (2016) y cada año, desde hace seis, acoge un Gran Premio de Fórmula 1.
El Mundial de fútbol en 2018 también fue un éxito para el Kremlin: más de 3 millones de turistas extranjeros visitaron Rusia durante la competición y 17 jefes de Estado extranjeros asistieron a la ceremonia inaugural.
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