Economía
El Grupo de Acción Financiera Internacional (II)
martes 17 noviembre, 2026
Ildemaro Pacheco
Continuamos revisando el impacto del GAFI en el proceso de apertura económica que vive Venezuela, porque de allí podremos entender el por qué de medidas novedosas que estamos viendo. En octubre de 2010, el GAFI ingresó a Venezuela por primera vez en su Lista Gris debido a la falta de tipificación adecuada en materia de financiamiento del terrorismo y a la ausencia de mecanismos ejecutivos para la inmovilización preventiva de bienes de personas designadas por las Naciones Unidas. Para subsanar los señalamientos normativos, el Estado venezolano aprobó en febrero de 2012 la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). Esta legislación fortaleció las competencias de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) e instauró la ONCDOFT como órgano rector en la materia. Tras corroborar la adecuación legal, el Plenario del GAFI procedió a retirar a Venezuela del listado gris en febrero de 2013.
La génesis de la reincorporación de Venezuela en las listas del GAFI se fundamenta en los resultados vertidos en el Informe de Evaluación Mutua (IEM) hacia finales de 2022. Si bien el informe reconoció avances normativos, determinó la existencia de brechas críticas en el nivel de efectividad del sistema preventivo del país. El equipo evaluador identificó fallas estructurales precisas en la dinámica institucional venezolana: se evidenciaron debilidades en la metodología de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR). Los ejercicios nacionales de riesgo llevados a cabo para los períodos 2014-2018 y 2015-2020 carecieron de un esquema sistemático para ponderar amenazas reales, enfocándose prioritariamente en listar normas mitigadoras teóricas en lugar de analizar vulnerabilidades socioeconómicas profundas. Se constataron limitaciones operativas en la UNIF. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera acusó restricciones en su capacidad tecnológica, financiera y de personal especializado para procesar el volumen de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), limitando la diseminación de inteligencia financiera hacia el Ministerio Público. Por último, se detectó la falta de supervisión sobre el Beneficiario Final. Se observaron vacíos en el control práctico sobre profesionales de la abogacía, contaduría y corretaje inmobiliario, sumado a la falta de un registro centralizado y verificado para impedir la opacidad corporativa a través de empresas fachada o testaferros. El sector privado no estaba involucrado cabalmente en estos procesos, incluso se puede decir que no estaba ni siquiera informado del alcance de la ley.
Ante la falta de avances suficientes para subsanar los requerimientos de efectividad en el período de observación, el GAFI aprobó el 28 de junio de 2024 la reinclusión de Venezuela en la Lista Gris de Jurisdicciones bajo Mayor Monitoreo. Frente a esta designación, las autoridades venezolanas suscribieron un compromiso político de alto nivel para implementar el Plan de Acción trazado junto al GAFI y al CFATF. En cumplimiento de dicho acuerdo, el Estado impulsó la promulgación de diagnósticos e instructivos técnicos liderados por la ONCDOFT y la UNIF: Actualizaciones de la Evaluación Nacional de Riesgo: Emisión de los diagnósticos correspondientes a los períodos 2024 y 2026 para mapear los flujos financieros ilícitos; Evaluaciones Sectoriales de Riesgo en APNFD: Elaboración de estudios específicos sobre el sector inmobiliario y el libre ejercicio de la abogacía. Dichos documentos caracterizaron el volumen del uso de divisas en efectivo y las vulnerabilidades en la verificación de fondos como factores prioritarios a ser regulados; Regulación del Sector de Activos Virtuales: Implementación de guías y normativas aplicables a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) para supervisar las operaciones de criptoactivos en el marco de la Recomendación 15.
La permanencia de Venezuela en la Lista Gris del GAFI ha generado fricciones transaccionales significativas para las empresas, instituciones financieras y ciudadanos venezolanos. El panorama regulatorio se complicó tras la publicación del Reglamento delegado (UE) 2025/1184 de la Comisión Europea en agosto de 2025, el cual incluyó a Venezuela en la lista comunitaria de terceros países de alto riesgo, haciendo obligatorio el uso de debida diligencia intensificada (EDD) por parte de las entidades bancarias europeas.
Es importante que las empresas y los asesores estudien el tema a profundidad, conozcan los riesgos que los involucra y diseñen métodos seguros que garanticen el cumplimiento de las normas, porque las consecuencias de la inobservancia son graves. En la próxima entrega hablaremos de estos informes de riesgos, sus resultados le sorprenderán.
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