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27 de abril de 2024
Humberto Contreras
De acuerdo con Rozo, se requieren medidas económicas de emergencia y políticas binacionales justas y aplicables
La frontera para el delito y abrirla para la práctica de la legalidad, es inaplazable. El otrora próspero comercio de San Antonio del Táchira, punto de referencia para sus compras, de los visitantes fronterizos venidos tanto del interior del país como de Colombia, tarda en reactivarse, lo cual no será de un día para otro”, dice José Rozo, empresario y dirigente social de San Antonio del Táchira y la zona fronteriza.
— Lo que vemos, agrega, es muchos vendedores callejeros, unos ambulantes y otros estacionarios, la mayoría de ellos provenientes de la migración interna, quienes venden, en pesos, artículos colombianos. Los locales comerciales están vacíos, y sucios. Parecen sacados de una película, azotados por una epidemia, mientras que los servicios de hotelería se mantienen «contra viento y marea».
Explica Rozo, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio, y es director de la ONG Por el Bien de Todos, que las políticas ruinosas del régimen de Caracas, además de que han destruido el comercio, la industria y la producción formal, han beneficiado y fortalecen la economía de los países vecinos.
Es por ello, expresa, que vemos cómo miles de venezolanos pasan diariamente a Cúcuta a comprar artículos para llevar a sus lugares de origen, bien sea para su uso y consumo, o para revender, y a nuestra frontera tachirense solo le dejan su basura.
¿Guerra económica a la frontera?
Señala el también expresidente de Fedecámaras Táchira que, de estas políticas ruinosas, el gran beneficiario es el comercio de Cúcuta, y su gobierno local, y también el nacional del vecino país, vía impuestos como el IVA, que pagan los venezolanos allá por sus compras. “Esta desigualdad económica y comercial afecta los ingresos municipales nuestros, y también el de la renta. Igual se puede observar en las fronteras marítimas con las Antillas y el Caribe”.
— Es una política contraria a la soberanía nacional y al patriotismo que pregonan. Podríamos decir que el régimen de Caracas nos declaró la guerra económica y nos tiene bloqueados con sus políticas antipatriotas, contrarias a la unión nacional, a la integración nacional. Guerra económica a la que, al parecer, también se ha sumado Bogotá con su testarudez de no abrir sus fronteras para el comercio formal binacional de importaciones y de exportaciones, generador de riqueza y bienestar social integral.
Ahora, ¿quiénes se benefician de este sombrío panorama? La economía subterránea como el contrabando, el narcotráfico y la corrupción, pública y privada. Veamos, por ejemplo, indica Rozo, el comportamiento comercial binacional, el cual estuvo en 220 millones de dólares en 2021. Es irrisorio y hasta burlesco comparado con el flujo permanente del contrabando al por mayor, que entra por las trochas, bajo control del crimen transnacional, y a la vista de las autoridades civiles y militares de los dos países.
De modo que la reactivación económica de la frontera tachirense requiere, a la brevedad, políticas económicas especiales de emergencia, diseñadas desde aquí, de frente al país nacional, y también de políticas binacionales justas, dinámicas y aplicables, sin mezquindades.
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