En el operativo arrestaron a nueve personas en medio de allanamientos realizados en los barrios Ocumare, La Invasión y Simón Bolívar, de San Antonio.

De acuerdo al portal La Opinión de Cúcuta, los migrantes que cruzaron por pasos ilegales -que también han sido detenidos- denunciaron haber sido objeto de extorsión por parte de varias personas para supuestamente ayudarles a cruzar por esas trochas, cobrándoles tarifas de entre 100 y 300 dólares. Al recibir el dinero, los dejaban a su suerte y ese fue el indicio que llevó a la investigación por parte de las autoridades venezolanas.

La información obtenida en los teléfonos celulares de los detenidos tras ser analizados, determinó que los sujetos actuaban de manera coordinada. Además, se descubrió que ninguna de estas personas son residentes del estado Táchira, sino que provienen de otras entidades ubicadas en el centro y occidente de nuestro país.

Los detenidos fueron identificados como: Luis Enrique Simonovis Flores, oriundo del estado Monagas; Alexánder José Godoy Romero y Carlos Emiro Márquez Ramírez, procedentes de Carabobo; Kendry Daniel Sandrea, natural del estado Trujillo; Danny Jesús Sánchez Llantén, del municipio Torbes (Táchira); Miguel Antonio Armas Flores; José Eliseo Dun La Cruz; José Gregorio Romero Pacheco, de Cojedes, y Antony David Sarmiento Perdomo, de Portuguesa. Todos de nacionalidad venezolana.

Junto a ellos también fue detenida una mujer que había ingresado por las trochas y tenía como destino la ciudad de Barinas.

Hasta el momento, 40 personas tildadas de «trocheros» han sido detenidas por cruzar a las personas desde Colombia a Venezuela por los pasos ilegales sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades para evitar el contagio por coronavirus.

Todos ellos enfrentan una investigación por los delitos de tráfico de personas, asociación para delinquir, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad e instigación a la desobediencia de las leyes. Con penas que oscilan entre los 6 y los 10 años de prisión, sin derecho a medidas cautelares, por cuanto la trata de personas se encuentra catalogado como crimen de lesa humanidad.

 

Vía La Opinión