En peligro vehículos por mal estado de reductor de velocidad en Ureña
23 de abril de 2024
Confirmó la primera mandataria regional la detención de tres trabajadores del Hospital Central, por supuesta extracción y reventa de insumos y medicamentos
Por Favio Hernández
La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, le solicitó al Gobierno colombiano tomar el control sobre las trochas, ante la negativa del Ejecutivo nacional de abrir la frontera, considerando que esta podría ser una estrategia para presionar y que el Gobierno venezolano abra los puentes, como en Paraguachón.
En su rol de mandataria regional, informó que entre Colombia y el estado Táchira existen 42 pasos ilegales, alegando que de ellos se beneficia el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Freddy Bernal, por lo que pidió al Estado neogranadino tomar el control de las mismas, lo que dejaría sin opciones, de supuestas actividades ilícitas, al parlamentario.
«A ver por dónde el protector de las trochas va a hacer sus negocios, para que se le acabe el negocio al protector de las trochas y el Gobierno venezolano evalúe hacer como en Paraguachón», comentó.
Según el Ejecutivo regional, Bernal tomó el tema de la reapertura fronteriza como «burla y promesa electoral», pues aseveró que a él no le conviene una apertura por los puentes, ya que sería el fin de sus «actividades ilícitas».
Paraguachón sí está abierto
Gómez cuestionó que el puente de Paraguachón sí está abierto y da funcionamiento a actividades aduaneras y legales, mientras que no existe una razón para que en el Táchira los tres puentes binacionales estén cerrados.
En ese sentido, la primera autoridad de la región desestimó la razón de que no se haya reabierto la frontera por motivos de la pandemia, aseverando que en dichos pasos ilegales no se cumplen protocolos de seguridad, mientras que con los puentes abiertos sí deberían cumplirse.
«Presidente Maduro, usted sabe que en el Táchira hay 42 trochas activas, ahí no se hacen pruebas, ni se cumplen con protocolos de seguridad ante la pandemia», indicó.
Igualmente, criticó que el diputado se haya reunido con representantes comerciales de la nación neogranadina para tratar asuntos de comercio binacional, aun cuando los pasos legales siguen cerrados. «Será que con eso quiere fortalecer los negocios ilegales».
Recordó la necesidad que tiene para el pueblo regional esta posible apertura, ya que este debe atravesar el río Táchira para suplir diferentes necesidades en Colombia, tales como académicas, alimenticias, sanitarias, entre otras.
Incluso develó que en el mes de mayo se registraron más de ocho personas fallecidas intentando cruzar el río Táchira, quienes al estar los puentes cerrados no tuvieron otra opción sino la de acudir a los pasos ilegales.
Tres detenidos en el Central
En otro orden de ideas, la gobernadora confirmó la detención de tres trabajadores del Hospital Central, por supuesta extracción y reventa de insumos y medicamentos.
Se trata de dos mujeres: la jefa de los servicios de anestesia (laborando desde julio del 2016) y una destacada en los servicios de pabellón (con 17 años en la institución); y un hombre que laboraba en la farmacia del pabellón desde el 2006.
Aclaró que primero comenzaron a recibir denuncias a través de las redes sociales, insistiendo en que no contaban con pruebas palpables, pero luego ya estas iban acompañadas con soportes, lo que llevó a las autoridades de salud del gobierno regional a abrir una investigación sobre los funcionarios.
De hecho, el 7 de mayo fueron cambiados los jefes de Anestesia y de Pabellón, según anunció.
Investigación sin tinte político
Asimismo, Gómez se expresó a favor de las investigaciones de la Fiscalía de la República respecto al suceso, e incluso se colocó a la orden, pero pidió que esto no sea politizado.
«Somos respetuosos de la investigación, siempre y cuando no se politice, porque Bernal ya quiere politizar… ahí Bernal no tiene nada que hacer», señaló.
Con base en eso, la gobernadora alegó que el diputado pretende tomar este tema como «una cortina de humo para ocultar su incapacidad y su show por no poder abrir la frontera».
Igualmente, se preguntó por qué los organismos de justicia del Estado no investigan al parlamentario por, aparentemente, cobrar la gasolina, el gas y el gasoil en divisas extranjeras.
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