Frontera
Impulsan la creación de una Cámara de Compensación Binacional para dinamizar el comercio entre Táchira y Norte de Santander

El mecanismo financiero busca erradicar la triangulación de divisas, legalizar el flujo comercial en monedas locales y blindar las operaciones transfronterizas mediante compensación multilateral.

La propuesta de una Cámara de Compensación Binacional entre Táchira y Norte de Santander reemerge para dinamizar el comercio. Mediante un informe del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP) elaborado por el economista Dilio Hernández, se propone la eliminación de la triangulación financiera en divisas, permitiendo transacciones directas en bolívares y pesos colombianos bajo la supervisión del BCV y el Banco de la República.

La propuesta se encuentra sustentada por acuerdos de la ALADI y la normativa de ambas naciones. La iniciativa busca formalizar los flujos fronterizos y frenar el ilícito, requiriendo estándares rigurosos de cumplimiento (compliance) y despolitización institucional para superar los retos cambiarios y políticos vigentes.

Contexto y mecanismo financiero

Concebida originalmente por el Colegio de Economistas del Estado Táchira en la primera década del milenio, la iniciativa reemerge como un instrumento estratégico para estructurar y potenciar las transacciones comerciales en la Zona de Integración Económica Binacional (ZIEB). Su propósito central es suprimir la intermediación de entidades bancarias en terceros países, reduciendo significativamente los costos operativos y los lapsos de liquidación entre ambas naciones.

La arquitectura del proyecto establece un procedimiento de registro contable coordinado entre el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República de Colombia. Mediante un esquema de compensación recíproca o neteo, las deudas derivadas del comercio bilateral se restan automáticamente y solo se liquida el saldo neto resultante al término de cada periodo acordado, minimizando la necesidad de movilizar divisas físicas como dólares o euros.

Seguridad fiscal y marco jurídico

 

Además de mitigar el riesgo cambiario y la volatilidad, la propuesta acota que la centralización del flujo monetario bajo auditoría oficial proporciona mayor seguridad jurídica y transparencia fiscal. Un ordenamiento que, según refiere, fortalece la fiscalización en las aduanas y combate el contrabando y la legitimación de capitales.

La viabilidad jurídica de la cámara se apoya en el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI, el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial de 2011, las respectivas leyes orgánicas de la banca central y la Ley de Zonas Económicas Especiales de Venezuela. Su diseño, además, toma como referencia antecedentes regionales como los sistemas de pagos en monedas locales del Mercosur y Centroamérica.

Desafíos e institucionalidad

 

Para evitar las distorsiones en esquemas previos como el SUCRE (2009), afectado por sobrefacturaciones debido a la falta de supervisión estricta, el CIAP subraya la obligatoriedad de implementar controles severos de compliance alineados con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El proyecto enfrenta retos como la volatilidad cambiaria del bolívar, eventuales virajes de orientación política intergubernamental y la cautela bancaria ante las sanciones internacionales. Frente a ello, los sectores promotores insisten en la imperiosa necesidad de consolidar la propuesta como una herramienta técnica y neutra dedicada al desarrollo productivo regional. /Diego Mendoza