Infogeneral

Alertan a la opinión pública a denunciar y documentar casos de persecución política

8 de marzo de 2018

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El abogado Joselito Molina Rodríguez, denuncia ante la opinión pública la situación que han venido sufriendo algunos jóvenes tachirenses, luego de participar en las protestas públicas registradas hasta mediados del año 2017 en la ciudad de San Cristóbal.

Molina explicó que los jóvenes Pedro Pablo Alcedo Andrade y Oriana Ovalles Teran, oriundos de la ciudad de San Cristóbal, a raíz de ejercer el derecho a manifestarse, consagrado en el artículo 68 de la constitución venezolana, «participaron activamente en las protestas que se generaron hasta mediados del año pasado en esta ciudad, y fueron objeto de agresiones por parte de un grupo ‘colectivo’, quienes se desplazaban en motos con imágenes de varias personas a quienes estaban buscando, entre ellos jóvenes estudiantes de diferentes casa de estudio de la entidad».

De igual manera, relató que el primer incidente se presentó con la joven Oriana Ovalles en la avenida principal de Pirineos, específicamente en Residencias El Tamá, hecho ocurrido el día miércoles 12 de abril de 2017, cuando irrumpieron en su hogar tres hombres con armas de fuego amenazándola verbalmente y obligándola a dejar de participar en actividades públicas. En esta ocasión, también fue despojada de sus pertenencias personales, como su teléfono móvil, computadora e indumentarias que tenía en su casa, como pancartas, gorras y franelas alusivas a las actividades de protesta contra el Gobierno nacional.

Asimismo, detalló que el segundo hecho ocurre con Pedro Pablo Alcedo, la noche del sábado 12 de agosto en las inmediaciones de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira (Asogata), cerca de la UNET, «quien pudo reconocer a personas del mismo grupo ‘colectivo’ que lo agredió en una vez anterior, lo identifican por su nombre y persona, le despojan de sus pertenencias, le quitan todos sus documentos y le agreden en su integridad física causándole lesiones».

Agregó además, que no conformes con dichas agresiones, le hicieron llamadas a su casa, amenazándole de que sería procesado por terrorista. Sin embargo, indicó Molina que «no existe actualmente ninguna investigación seria que se esté realizando en contra de ellos, pero si les llegaron con presuntas o falsas citaciones del CICPC, bajo un clima de hostigamiento y de que pudieran ser objeto de extorsión o de prácticas de sometimiento por grupos que actúan al margen de la Ley que operan a nivel policial y político», precisó el abogado.

Por esta razón, ambos estudiantes como muchos otros venezolanos a quienes les ha ocurrido situaciones similares, se encuentran fuera del país en resguardo de su integridad física.

Por otra parte, Molina mencionó el caso del joven Joan Manuel Valderrama Buenaño, oriundo de Pregonero, municipio Uribante, a quien en relación a los hechos de junio 2017, le siguen e imputan injustamente delitos de impedimento de ejercicio de derechos políticos y agavillamiento, en una suerte de discriminación selectiva de personas que ejercieron su derecho a manifestar y hoy son etiquetados políticamente como delincuentes.

En tal sentido, el apoderado legal de estos tres jóvenes tachirenses, hace un llamado de alerta a la opinión pública, por cuanto es posible que esta situación no esté ocurriendo solo con ellos, sino que también les este pasando a otras personas, de manera que se pudiera hacer una causa común para la debida documentación de los casos a través de las organizaciones que trabajan activamente en defensa y promoción de los Derechos Humanos en el país, como el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) y el Foro Penal, entre otras.

Por consiguiente, Molina solicita a las personas que hayan sido víctima de situaciones similares, contactarlo a través del correo electrónico: [email protected] con el fin de unir sus causas ante las organizaciones pertinentes y lograr una favorable solución ante tales acciones de hostigamiento y persecución política. (UG)