Internacional
Bukele impulsa cadena perpetua para menores asesinos o violadores en El Salvador

El gobierno de Nayib Bukele dio un paso más en su política de mano dura contra la delincuencia al proponer este jueves una reforma constitucional que permita imponer cadena perpetua a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, incluso si no pertenecen a pandillas. La iniciativa, presentada ante el Congreso —dominado por el oficialismo—, busca ampliar el alcance de una reforma aprobada el martes, que ya establece prisión de por vida para homicidas, violadores y terroristas adultos.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida durante su presentación ante una comisión legislativa, argumentando que los menores que cometan estos delitos deben recibir un trato distinto al de quienes incurren en faltas menores. “El menor que entra voluntariamente a una organización criminal o que viola o mata debe tener un tratamiento diferente”, declaró. Además, criticó la ley penal juvenil actual, tachándola de “recurso humano barato, impune y reciclable para las pandillas”.

Un giro radical en la justicia juvenil

Hasta ahora, la máxima condena para menores en El Salvador era de 60 años, y la Constitución prohibía explícitamente la pena perpetua. Sin embargo, la propuesta de Bukele busca eliminar esta restricción, alineándose con países como Canadá, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos, donde la cadena perpetua —aunque con matices— ya se aplica, incluso en algunos casos a adolescentes.

El ministro de Defensa, Francis Merino, añadió que muchos homicidios vinculados a pandillas son consecuencia de “la permisividad de las leyes que hay que reformar”. La enmienda constitucional deberá ser ratificada por el Congreso, mientras que la norma específica para menores requerirá una aprobación legislativa en los próximos días.

Controversia y críticas internacionales

La propuesta llega en un contexto de tensión entre seguridad y derechos humanos. Desde 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que ha permitido la detención de más de 91.500 personas sin orden judicial, acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas. Según datos de julio de 2024 de Human Rights Watch (HRW), más de 3.000 menores han sido detenidos bajo este régimen, lo que la organización calificó como una violación a normas internacionales.

A pesar de las críticas, Bukele mantiene un alto nivel de popularidad gracias a su estrategia contra las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos. Su política de seguridad, replicada en otros países de la región, ha reducido los homicidios a mínimos históricos, pero también ha sido cuestionada por su enfoque represivo.

La diputada oficialista Suecy Callejas fue contundente: “No hay vuelta atrás. Con los pandilleros no hay posibilidad de reinserción ni rehabilitación”. Sin embargo, organizaciones como HRW advierten que la cadena perpetua para menores viola el principio de proporcionalidad y contradice tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.

El gobierno de Bukele insiste en que la medida es necesaria para cortar de raíz la violencia, pero el debate está servido. Mientras el oficialismo defiende la reforma como un avance en la lucha contra el crimen, la oposición y grupos de derechos humanos la tachan de excesiva y contraproducente.

El Congreso, controlado por el partido Nuevas Ideas, tiene altas probabilidades de aprobar la enmienda, pero el desafío será evitar que la medida genere más controversia internacional sin resolver el problema de fondo: la reinserción de jóvenes en contextos de extrema vulnerabilidad.