(AFP) La justicia española desestimó este viernes, 26 de noviembre, el recurso de la extesorera y enfermera de Hugo Chávez, la venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, contra su extradición a Estados Unidos por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional acordó que “debíamos desestimar y desestimábamos el recurso de súplica” de Díaz Guillén, directora de la Oficina Nacional del Tesoro entre 2011 y 2013, afirma el auto de la alta instancia judicial española difundido este viernes.

Se trata de una decisión “firme, no siendo susceptible de recurso ordinario alguno”, añade el auto, recordando que la decisión final de la extradición recae en el gobierno español de Pedro Sánchez.

Un tribunal de Florida reclama a Díaz por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, por haber favorecido cuando era tesorera nacional al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal privado venezolano Globovisión, “en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares”, explica la Audiencia Nacional.

Gorrín habría pagado millones de dólares en sobornos a Díaz Guillén y a su antecesor en el cargo, Alejandro Andrade.

También se benefició de la trama el marido de Díaz Guillén, Adrián Velásquez Figueroa, cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada por la Audiencia Nacional este noviembre.

Raúl Gorrín fue imputado en Estados Unidos por pago de sobornos y lavado de dinero en 2018, mismo año en que Andrade fue sentenciado en Florida a diez años de cárcel.

 

Díaz Guillén, quien fuera enfermera personal de Hugo Chávez (1999-2013), y su esposo Velásquez Figueroa, exmiembro de la Guardia Presidencial del fallecido mandatario, fueron detenidos una primera vez en España en 2018, a petición de Caracas, luego de que aparecieran en los Papeles de Panamá.

Al estallar ese escándalo, en 2016, la policía registró varios apartamentos pertenecientes a la pareja, donde encontraron desde motos de agua hasta sobres con diamantes, según medios venezolanos.

En 2019, la Audiencia Nacional descartó extraditarlos a Venezuela, sosteniendo que sus derechos podrían peligrar en ese país.

En diciembre de 2020, la pareja volvió a ser detenida a petición de la justicia estadounidense.

La extesorera tiene también la nacionalidad española, desde abril de 2021.