Se trata de la segunda vez que Ecuador sale de la OPEP, en la que estuvo entre 1973 y 1992 y a la que regresó en 2007.

Pero los actuales problemas financieros del país, en particular un déficit estimado en 3.600 millones de dólares para 2019, llevaron al presidente Lenín Moreno a salir del cártel. Este año el gobierno tuvo que acudir a organismos bilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener préstamos por casi 10.300 millones de dólares en tres años.

“Como país, necesitamos producir más e incrementar nuestra producción hidrocarburífera en beneficio de los ecuatorianos”, dijo en noviembre Juan Carlos Bermeo, el nuevo viceministro de Hidrocarburos.

Frente a esta compleja situación fiscal, “el estado necesita recursos con urgencia, tiene una brecha por solucionar de alrededor del 5% del PIB”, indicó a la AFP el analista económico Alberto Acosta-Burneo, editor de Análisis Semanal.

“Y los ingresos petroleros son una fuente interesante y relativamente rápida para poder aumentar los ingresos petroleros y suavizar el costo del ajuste”, aseguró.

Problemas medioambientales y protestas sociales

Al contrario, otros observadores ponen en duda que sea una buena decisión, como René Ortiz, exministro de Petróleo de Ecuador y exsecretario de la OPEP, según el cual las explicaciones para salir del cártel “no son creíbles”.

“Dice el gobierno que tendrá libertad para producir más petróleo pero es falso, en enero de 2017 ofreció 700.000 barriles al día y no puede cumplir”, dijo Ortiz a la AFP, en referencia a la ambiciosa cifra de producción que había anunciado Quito y que no podrá alcanzar.

La política en los últimos meses de la OPEP y sus socios petroleros, entre ellos Rusia, de recortar la producción y mantener así el nivel de precios era una “traba” para Ecuador, según Acosta-Burneo.

Sin embargo Quito se enfrenta ahora a otros obstáculos, principalmente los problemas ambientales en un contexto de protestas sociales.

En octubre, el país vivió una intensa ola de protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles y que llevaron también a la ocupación de infraestructuras petroleras en la Amazonía.

A pesar del acuerdo para mantener los subsidios entre el gobierno y el movimiento indígena, que lideró las protestas, sigue existiendo un fuerte rechazo a la presencia de compañías, también extranjeras, que explotan los pozos de la región.

“A corto plazo, no es fácil subir la producción. A mediano y largo plazo, el gobierno tiene que llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas”, asegura René Ortiz.

En el mismo sentido, Acosta-Burneo afirma que la producción solo podrá aumentar si se resuelven las cuestiones ambientales y si hay al mismo tiempo un cambio en el sistema de contratación, para atraer la inversión privada en el sector y evitar así “el mayor riesgo que tiene Ecuador, quedarse con petróleo bajo tierra”. AFP