LIMA(AFP) – Traición, injusticia, dolor: eso sienten los familiares de las víctimas de los escuadrones de la muerte del régimen de Alberto Fujimori tras el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió al exgobernante peruano.

“Nos sentimos traicionados, sentimos que no hay justicia, la justicia para nosotros no existe”, dice entre lagrimas Rosa Rojas, quien perdió a su marido y su hijo de 8 años. “Esta Navidad fue la peor”.

Familiares de las víctimas y organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizaban este miércoles para tratar de anular el indulto a Fujimori, de 79 años, quien purgaba una condena a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y de la universidad La Cantuta.

“Hay una traición hacia nosotros, yo he votado las dos veces por él (Kuczynski) en la primera y la segunda vuelta. Yo creí en él”, dice Rojas, quien conversó con la AFP en un parque de Lima.

Rojas, comerciante de 52 años, logró salvarse de la matanza de Barrios Altos, ocurrida el 3 de noviembre de 1991 durante una fiesta, de la que escapó corriendo apenas ingresaron los militares con sus rostros cubiertos con pasamontañas.

Obligaron a los asistentes a arrojarse al suelo y les dispararon ráfagas, utilizando silenciadores. Finalmente, uno de los atacantes remató con tiros de gracia a los moribundos.

Quince personas murieron, entre ellas el pequeño hijo de Rosa, que huía en busca de su padre, según relataron supervivientes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó la violencia política en Perú.

Los atacantes pertenecían al Grupo Colina, un escuadrón del Ejército que perpetró otras acciones en el marco de la guerra sucia, en las que murieron civiles inocentes como los 15 vecinos de Barrios Altos.

“Ellos entraron y dijeron ‘todos los perros tírense al piso’. Lo único que hice es correr para darme cuenta de que no estaban mi esposo y mi hijo”, recuerda Rojas.

“Es una burla, es indignante este indulto. Pero seguiré luchando hasta donde pueda para encontrar justicia”, añade. “Mi familia quedó destruida. Con la noticia del indulto he pasado una Navidad muy triste”.

 Herida reabierta

En el viejo solar de Barrios Altos, en la zona central de Lima, siguen las baldosas rojas y negras donde ocurrió la sangría.

Ocho meses después de Barrios Altos, el 18 de julio de 1992, el tenebroso Grupo Colina irrumpió en La Cantuta, una universidad nacional de pedagogía y feudo tradicional de la izquierda.

Nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados, llevados a una zona rural al este de Lima, y ejecutados con disparos en la nuca.

Los cadáveres fueron enterrados clandestinamente en tres fosas, y luego desenterrados y sepultados en otro lugar. Los restos fueron encontrados tras investigaciones de la prensa.

El indulto a Fujimori es “ilegal”, una “vergüenza” y “una herida que se reabre con estas injusticias”, dice a la AFP Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique, de 22 años, uno de los estudiantes asesinados.

“Es un dolor que más bien se acrecienta, uno podría decir que ya lloró suficiente, que ya sufrió suficiente y nunca es suficiente”, agrega.

“Esta es una lucha que no tiene tregua y que no nos permite descansar. Ahora con el indulto nuevamente, nos estamos reagrupando para no permitir que se burlen de nosotros”, asevera Ortiz.

“Hemos enviado ya algunas comunicaciones ante la OEA. Vamos a hacer lo mismo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque sí creemos que tiene que haber alguna instancia de protección hacia las víctimas”, explica.

Carolina Oyague, hermana de Dora Oyague, otra estudiante de la Cantuta secuestrada y asesinada, sostiene que Kuczynski “queda como traidor y felón” tras el indulto.

“¿Qué dirá mi hijo? Veinticinco años sigo caminando, buscando justicia para Amaro”, dice a su vez Rayda Cóndor, de 63 años, madre de Armando Amaro Cóndor, estudiante secuestrado en la universidad y asesinado.

Por las matanzas de La Cantuta y de Barrios Altos la Corte Suprema de Chile concedió la extradición de Fujimori. Ambos hechos son considerados los peores crímenes contra los derechos humanos perpetrados en Perú en los últimos 30 años.

Por ambos casos, la justicia condenó a Fujimori como coautor de homicidio calificado, tortura y desaparición forzada de personas, hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

 

Compilación: María Teresa Amaya/coordinadora de noticias internacionales/Diario La Nación