Internacional
Gobierno de Colombia endurece control a migrantes: cómo funcionará la nueva política y a quiénes afecta

El Gobierno nacional anunció una ofensiva frontal contra la migración irregular, priorizando la identificación de extranjeros vinculados a actividades delictivas. Los operativos, coordinados por Migración Colombia y la Policía, iniciarán esta semana en Barranquilla, generando un intenso debate sobre el impacto real en la población migrante, especialmente la venezolana.

Durante un consejo de seguridad en la capital del Atlántico, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó al nuevo director de Migración Colombia, coronel (r) José Luis Castañeda, intensificar los controles. “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, afirmó el mandatario, reiterando su negativa a tolerar la migración ilegal. La estrategia contempla, en una primera fase, ubicar a extranjeros con presuntos vínculos criminales para luego verificar el estatus legal de quienes permanezcan en el país sin cumplir los requisitos migratorios.

Ante la creciente polémica por el tono de las declaraciones presidenciales, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, matizó la postura oficial. En diálogo con medios, explicó que la medida se enfoca en desarticular redes criminales que operan en el Tapón del Darién, dedicadas al tráfico y trata de personas. “Colombia no puede convertirse en el punto de paso para que crucen el Darién pagándole a los delincuentes”, señaló.

Lara fue tajante al asegurar que los migrantes venezolanos amparados bajo el Permiso por Protección Temporal (PPT) no serán considerados ilegales ni enfrentarán deportación, estableciendo una clara distinción entre la población regularizada y las estructuras delictivas.

Incertidumbre y retos en la política migratoria

Pese a las aclaraciones, el anuncio generó zozobra. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, advirtió que el lenguaje utilizado fue “muy agresivo” al asociar la irregularidad con la criminalidad. El experto recordó que Colombia ha liderado respuestas solidarias en la región, pero alertó sobre el riesgo de estigmatizar a un grupo vulnerable que ya ha visto cerrarse puertas en otros países de Sudamérica.

Según cifras de Migración Colombia, de los 2’845.791 venezolanos en el país, más de 800.000 se encuentran entre la irregularidad y el proceso de regularización. Rodríguez advirtió que este último grupo podría verse afectado por los operativos, al no haber completado aún su tránsito hacia la legalidad.

El panorama futuro plantea un desafío adicional: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), creado durante el gobierno de Iván Duque, tiene vigencia limitada hasta 2031. La transición de esta población hacia mecanismos de permanencia definitivos se perfila como uno de los retos más complejos para la actual administración.