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Internacional
Japón ejecuta al líder y 6 miembros de secta por sus atentados con gas sarín
6 de julio de 2018
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Japón vivió un momento de catarsis con la ejecución del fundador de la secta Verdad Suprema, Shoko Asahara, y seis de sus seguidores, artífices del peor atentado terrorista de Japón, los ataques con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.
El ajusticiamiento de los siete miembros del culto, que ha tenido lugar en cuatro ciudades del archipiélago (Tokio, Osaka, Hiroshima y Fukuoka) ha traído alivio a las víctimas pero inquietud a las autoridades, que han reforzado la seguridad por temor a posibles represalias de sus seguidores.
El carismático gurú de 63 años, cuyo nombre real era Chizuo Matsumoto, fue ejecutado en la capital japonesa por ahorcamiento, el método de ejecución que establece la ley nipona, por el asesinato de 27 personas en más de una decena de crímenes.
Los otros ejecutados fueron Yoshihiro Inoue (48 años), Tomomitsu Niimi (54), Tomomasa Nakagawa (55), Kiyohide Hayakawa (68), Masami Tsuchiya (53) y Seiichi Endo (58), según el Ministerio de Justicia.
Todos eran lugartenientes cercanos a Asahara y considerados los cerebros detrás de la mayoría de los crímenes de la organización.
De ellos, solo Niimi participó activamente en el ataque al metro, en su caso como conductor para facilitar la huida de uno de los cinco miembros que depositaron y perforaron los paquetes de sarín en los vagones del suburbano en hora punta matinal del 20 de marzo de 1995.
Un total de 13 personas fallecieron, decenas quedaron en estado vegetativo y 6.300 resultaron intoxicadas en los ataques en Tokio.
Las imágenes de los equipos de emergencia atendiendo sobre las carreteras a los miles de afectados y el caos en un país con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo (en 2017 se registró un récord mínimo de 915.111 delitos) dieron la vuelta al mundo.
“Me siento aliviada”, dijo Kiyoe Iwata, cuya hija fue una de las víctimas, en unas declaraciones a la cadena pública NHK.
Shizue Takahashi, portavoz de un grupo de afectados, se mostró satisfecha porque “por fin” fueran ajusticiados, pero calificó de “lamentable” que la sentencia tardara más de 20 años en ejecutarse.
Las penas de muerte de los ejecutados “fueron confirmadas tras suficientes deliberaciones en los tribunales”, dijo en una rueda de prensa la ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, quien calificó de “inevitable” la aplicación de la pena capital para crímenes como estos, “premeditados” y “extremadamente crueles”.
“Nunca antes (un ataque) había hecho temblar así al pueblo nipón y al mundo entero, porque fue un atentado que mató a muchos civiles mediante el uso de armas químicas”, declaró Kamikawa.
Japón es junto a Estados Unidos el único país industrializado que mantiene vigente la pena capital y hoy, como es habitual, Amnistía Internacional (AI) criticó las ejecuciones y dijo que es “la máxima negación de los derechos humanos”.
El Gobierno informó hoy de que se han intensificado las medidas de seguridad en torno a lugares relacionados con la secta, así como el centro penitenciario donde Asahara estaba preso hasta su ejecución por el temor de los vecinos a posibles ataques.
La policía y los servicios de inteligencia están además vigilando a los seguidores de este culto, que sigue activo con otros nombres, por temor a que intenten llevarse los cuerpos de los ejecutados, informó un funcionario de la oficina de seguridad pública a la agencia Kyodo. EFE
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