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Internacional
La oposición acusa al gobierno español de mentir por la escala de la vicepresidenta venezolana en Madrid
12 de febrero de 2020
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La oposición acusó este miércoles al gobierno español de mentir sobre la escala en Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea, y exigió dimisiones, en un duro debate en el Congreso español.
La oposición de derecha y extrema derecha utilizó la mayoría de sus preguntas en la primera sesión de control en la cámara baja al nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez para indagar sobre el polémico paso de Rodríguez por el aeropuerto de Barajas en Madrid la madrugada del 20 de enero.
«Lo que pasó en Barajas ya escandaliza a toda la Unión Europea», afirmó Pablo Casado, líder de la oposición conservadora (Partido Popular, PP), cuyos diputados corearon en el hemiciclo «dimisión» en referencia al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien se encontró con Rodríguez en el aeropuerto.
El caso había sido debatido un día antes en la Eurocámara, a petición de un eurodiputado liberal español, donde el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, explicó que correspondía a España investigar si se violaron las sanciones de la UE que le prohíben a Rodríguez ingresar al bloque.
En el Parlamento español, el jefe de la extrema derecha de Vox, Santiago Abascal, exigió la renuncia de Sánchez si este «dio la orden» a Ábalos de reunirse con la representante «de una narcodictadura».
«Usted ha mentido a los electores socialistas, ¿por qué no va a mentir ahora a los ‘fachas’ de Vox y de paso a todos los españoles?», ironizó.
«El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención», respondió Sánchez, quien acusó a la vez a sus antagonistas de usar el tema de Venezuela para atacar a su gobierno y generar «ruido».
Sucesivas versiones
Según Madrid, Ábalos, amigo personal de un ministro venezolano que viajaba en el avión con la vicepresidenta, fue a Barajas para evitar que Rodríguez entrara en territorio español y violara las sanciones de la UE, y a su juicio el objetivo se cumplió, porque esta siguió viaje a Turquía sin entrar en el espacio territorial del bloque.
Pero la oposición critica que el propio encuentro en Barajas y detalles del mismo fueran revelados por la prensa española y que el ministro Ábalos ofreciera sucesivas y parciales versiones sobre lo ocurrido, sin detallar lo que habló con la funcionaria chavista.
«¿Qué ocultan?», se preguntó Valentina Martínez, diputada del PP. «Queda acreditado que usted es un mentiroso», fustigó.
«Conseguí dos cosas», se defendió Ábalos. «Una, que (Rodríguez) no pisara territorio Schengen (zona de países europeos). Dos, no tener mas problemas en el ámbito diplomático» con Venezuela, donde Madrid sigue deseando una solución «negociada entre los venezolanos» que incluya «elecciones presidenciales con plenas garantías democraticas».
¿Cambio de postura?
El escándalo sobre Rodríguez estalló pocos días antes de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos España, visitara Madrid el 25 de enero en el marco de una gira europea.
Pero luego de verse con el primer ministro Boris Johnson en Londres y con el presidente Emmanuel Macron en París, Guaidó no fue recibido en Madrid por Pedro Sánchez sino por la ministra de Exteriores, Arancha González.
Un hecho que provocó la indignación de la oposición conservadora, que para marcar contraste le dispensó trato de jefe de Estado tanto en la alcaldía como en el gobierno regional de Madrid, dominados por el PP.
La oposición afirma que el cambio de postura de España, que en 2019 fue uno de los primeros países europeos en reconocer a Guaidó como presidente encargado, obedece a la entrada al gobierno del partido de izquierda radical Podemos, que en el pasado mostró su simpatía y tuvo relaciones con el chavismo.
El gobierno niega dicho cambio pero reconoce, en palabras de la ministra Arancha González, que busca alejarse de «polémicas estériles» para contribuir «de manera discreta» a que pueden celebrarse elecciones libres en Venezuela, donde España tiene intereses y donde residen unos 150.000 españoles. AFP
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