El expresidente boliviano Evo Morales, obligado a dimitir hace once días por las protestas contra su polémica reelección, cometió un “error” al buscar un cuarto mandato, consideró el viernes el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista al diario The Guardian.

Lula, que salió de la cárcel el 8 de noviembre tras haber cumplido 19 meses de reclusión por corrupción pasiva y blanqueo -tras un controvertido juicio que lo condenó a casi nueve años de prisión- dio a entender además que puede no presentarse a las elecciones de 2022.

Nada más ser liberado, el expresidente brasileño había llamado a su Partido de los Trabajadores a reconquistar el poder en manos del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Pero en declaraciones al diario izquierdista británico subrayó que para los próximos comicios él tendrá 77 años y “la Iglesia católica, con 2.000 años de experiencia, jubila a sus obispos a los 75”.

Lula, al que la justicia permitió agotar todos sus recursos judiciales en libertad, precisaría que su sentencia fuera anulada para poder ser de nuevo candidato tras haber ganado las presidenciales de 2002 y 2006.

También Evo Morales, de 60 años, había estado casi 14 en el poder cuando intentó hacer valer su polémico triunfo electoral del 20 de octubre para un cuarto mandato hasta 2025.

“Mi amigo Evo cometió un error cuando buscó un cuarto mandato como presidente”, consideró Lula, pese a denunciar que “lo que hicieron con él fue un crimen” y “un golpe de Estado”.

Observadores de la Organización de Estados Americanos encontraron irregularidades en los comicios de octubre y su principal rival, Carlos Mesa, los calificó de “monumental fraude”, lo que desató masivas protestas en Bolivia.

Morales, que tuvo que asilarse en México tras perder el apoyo de las fuerzas armas y la policía, denunció un “golpe político, cívico y policial” instigado por la derecha boliviana.

Para poder presentarse a un cuarto mandato, el expresidente de Bolivia había requerido la habilitación mediante una polémica sentencia del Tribunal Constitucional en 2017, contra lo decidido un año antes en un referéndum nacional.