Aunque el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal, los opositores creen que con la nueva ley activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.
En una rueda de prensa en una acera ante la sede del Gobierno local, la vicecoordinadora del Frente Civil de Derechos Humanos, Bonnie Leung, expresó que están «muy decepcionados» con las palabras pronunciadas hoy por Lam, que «ha ignorado todas» sus demandas.
«El frente no acepta sus así llamadas disculpas y tendremos que seguir nuestras protestas», dijo tras lamentar que Lam no ha dimitido, no ha retirado el polémico proyecto de ley de extradición ni ha exigido responsabilidades a la policía por los incidentes violentos ocurridos durante las protestas.
El frente añadió que está ahora consensuando con representantes de los diferentes sectores sociales hongkoneses y que no anunciará hasta este miércoles en qué consistirán las nuevas protestas.
«Tenemos que ser muy prudentes a la hora de anunciar nuestras acciones», subrayaron los organizadores.
Asimismo, el frente manifestó su intención de denunciar a los agentes policía responsables de las acciones del pasado miércoles e instó a las familias de los afectados a que colaboren con ellos.
La policía dispersó el miércoles las protestas que tuvieron lugar en la sede del Legislativo mediante el uso de la fuerza -usaron gas lacrimógeno y pelotas de goma- causando 81 heridos (dos de ellos, de gravedad) según la prensa local, y 11 detenidos.
Entretanto, Lam pidió hoy a los ciudadanos de Hong Kong que le den «otra oportunidad» para que su Gobierno pueda “reconstruir la confianza” tras la crisis desatada durante la última semana.
El proyecto de ley que planteó se ha encontrado con la oposición de diversos sectores de la sociedad al considerar que Hong Kong perdería su independencia judicial y que, según organizaciones pro derechos humanos, permitiría que activistas, trabajadores de ONG o periodistas fueran entregados a un sistema judicial, el chino, que no ofrece garantías.
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