Autoridades de México sancionaron a personas y empresas que vendían al gobierno de Venezuela alimentos de baja calidad y con sobreprecio para la población más pobre del país sudamericano, con un pago de tres millones de dólares que se destinará a la ONU, informó este jueves la fiscalía mexicana.

Según una investigación de la fiscalía general, desde 2016 “estas personas han obtenido recursos (del gobierno venezolano), desviándolo de sus fines humanitarios, para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos”, dijo en conferencia de prensa Israel Lira, de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada.

En medio de una profunda crisis económica, alimentaria, política y social, el gobierno del presidente Nicolás Maduro instaló desde 2016 en las poblaciones más empobrecidas los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados.

Se trata de paquetes con leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y a veces latas de atún que son vendidos a los venezolanos por 10 bolívares soberanos, equivalentes a unos 70 centavos de dólar, en una economía en la que la inflación alcanzará el 10.000.000% en 2019, según el FMI.