Internacional
Migrantes de Cuba, Venezuela y Haití pierden dinero en trámites migratorios congelados en EE.UU.

Un informe del Instituto Cato revela que más de 1,2 millones de solicitudes de beneficios migratorios permanecen en limbo, con pagos ya realizados pero sin respuestas. Las políticas de las administraciones Trump y Biden habrían generado un “fraude masivo” que podría haber dejado al gobierno con cerca de mil millones de dólares sin prestar los servicios correspondientes.

Miles de ciudadanos cubanos, venezolanos y haitianos han desembolsado importantes sumas de dinero por trámites migratorios que, en la práctica, no están siendo procesados por el gobierno de Estados Unidos. Así lo revela un detallado informe del Instituto Cato, un centro de estudios de política pública con sede en Washington, que denuncia una situación de “fraude masivo” en el sistema migratorio estadounidense.

Según el estudio, elaborado por David J. Bier, director de estudios migratorios del instituto, más de 1,2 millones de solicitudes de beneficios migratorios provenientes de estos tres países están estancadas, sin avances ni respuestas oficiales. En total, más de dos millones de trámites migratorios se encuentran en esta condición, muchos de ellos con pagos ya realizados por los solicitantes o sus patrocinadores.

Las cifras son contundentes: 935.000 solicitudes de cubanos, 239.000 de venezolanos y 81.000 de haitianos permanecen sin procesar. Entre los trámites afectados figuran autorizaciones de empleo, residencias permanentes por vínculos familiares o laborales, solicitudes de asilo, naturalizaciones y diversas visas de trabajo y turismo.

“El gobierno está cobrando tarifas por servicios que no tiene previsto prestar. Se quedó con el dinero y ahora ni siquiera tramita las solicitudes; en muchos casos, ni siquiera las rechaza”, denunció Bier, quien calificó la situación como una “práctica engañosa” que prolonga la incertidumbre y el sufrimiento de miles de familias.

El informe señala que el Departamento de Estado habría instruido a su personal consular para no informar a los solicitantes sobre las prohibiciones de ingreso vigentes, lo que agrava la confusión. Muchos migrantes pagan por trámites sin saber que, por políticas vigentes, sus solicitudes tienen escasas posibilidades de ser aprobadas.

El costo económico para los afectados es significativo. El estudio estima que el monto total retenido por el gobierno asciende a cerca de mil millones de dólares, incluyendo 543 millones de dólares en pagos de cubanos, 138 millones de venezolanos y 56 millones de haitianos.

Las raíces de esta crisis burocrática se remontan a decisiones tomadas durante la administración de Donald Trump, como la proclamación que restringe la entrada legal y la mayoría de las visas a ciudadanos de 40 países. Aunque inicialmente existían excepciones para familiares directos de ciudadanos estadounidenses, estas han sido cada vez más limitadas.

Durante la presidencia de Joe Biden, estas trabas no han sido eliminadas. Por el contrario, memorandos firmados por Joseph Edlow, entonces director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ampliaron el congelamiento del procesamiento de solicitudes y ordenaron revisar beneficios previamente aprobados.

Además, el Departamento de Estado suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, bajo el argumento de que estos podrían recurrir a la asistencia social. Sin embargo, la medida carece de una fecha de finalización clara, lo que genera una incertidumbre permanente.

En conjunto, estas políticas afectan a ciudadanos de 92 países, creando una red de obstáculos burocráticos que, según el Instituto Cato, no es casual, sino parte de una estrategia deliberada para desalentar la migración legal.

El informe concluye que el sistema migratorio actual no solo falla en su función principal, sino que también viola principios de transparencia y equidad. Mientras tanto, miles de personas en América Latina y el Caribe siguen esperando respuestas que, en muchos casos, nunca llegarán.