La justicia venezolana ha tenido un “papel muy importante” en las graves violaciones de derechos humanos contra opositores al gobierno que preside Nicolás Maduro, según un informe de una misión de la ONU difundido este jueves que describe una “profunda erosión” de la independencia judicial en el país.

En su segundo informe, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014”.

“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.

Cabe destacar, que la misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al gobierno de Maduro.

“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela”, dijo Valiñas en el comunicado.

La Misión, indicó que realizó “177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces, fiscales y abogados defensores venezolanos”. Además, efectuó un “extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales”, y de “183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno” entre 2014 y agosto de 2021, y documentó “las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal”.

Cabe resaltar que el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, rechazó “de manera contundente” este informe que tachó de “panfleto biliar”.

Saab aseguró que “más de 150 agentes del Estado (han sido) condenados (…) por violar derechos humanos”. “Es una demostración, clara, fehaciente del compromiso de nuestra institución”, indicó el funcionario, cercano al chavismo, que fue nombrado en 2017 por la entonces todopoderosa Asamblea Constituyente.

Con información de AFP