Ocho países sometieron a consideración de los otros 26 miembros de la Organización de Estados Americanos un proyecto de resolución que exige una investigación independiente sobre lo que describe como violaciones “graves y sistemáticas” de los derechos humanos en Venezuela.

El documento expresa una condena firme a los abusos atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

El borrador también exige acceso pleno a territorio venezolano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde 2002 mantiene a Venezuela entre los países del continente que requieren seguimiento especial.

Elisa Ruiz, representante de Paraguay ante la OEA, dijo que junto a los demás patrocinadores -Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú- planean someter el documento para su aprobación, en una fecha aún por determinar, y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos.

“La OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en tiempos difíciles”, señaló Ruiz durante una sesión del Consejo Permanente convocada de manera conjunta por Paraguay y Argentina.

La propuesta llegó a la OEA apenas días después de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un amplio informe en el que acusó al gobierno de Maduro de causar 5.287 muertes durante operativos de seguridad durante 2018.

Nicaragua: Es una acción “impropia e ilegal”

El nicaragüense Luis Alvarado denunció la presentación del proyecto de resolución como una acción “impropia e ilegal”, porque Venezuela “ya no es miembro de la OEA y no tiene representación legal en este Consejo Permanente, ni en otro órgano del sistema interamericano”.

Maduro retiró a su personal diplomático destacado en la OEA en abril, pero el secretario general Luis Almagro -al igual que la mayoría de los países miembros del organismo- reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, alegando que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.

La OEA también reconoció al emisario diplomático de Guaidó, Gustavo Tarre, quien presenció la sesión ocupando el escaño correspondiente a Venezuela. Tarre dijo que la meta es lograr que la resolución sea adoptada por consenso, lo cual haría innecesaria una votación nominal.

“El consenso es importante porque esta no es una discusión política sino de principios”, dijo Tarre.

Tal como lo hiciera durante la Asamblea General que la OEA celebró el mes pasado en Medellín, Colombia, la delegación uruguaya se retiró de la sesión en protesta por la presencia de la delegación opositora venezolana.

Otros países como Ecuador, El Salvador y Guatemala se pronunciaron contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

Ninguna delegación propuso modificaciones al proyecto de resolución.