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Internacional
Tribunal de La Haya condenó a gobierno de Maduro a pagar $366 millones por expropiaciones
5 de mayo de 2019
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Un tribunal arbitral internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Holanda, condenó a Venezuela a pagar aproximadamente $366 millones en favor de Serafín García Armas y su hija Karina García Gruber, propietarios de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A. en concepto de indemnización por la expropiación ilegal de estas compañías que tuvo lugar en 2010, según documentos a los que tuvo acceso Diario Las Américas
El arbitraje internacional, que culminó con la decisión emitida el 26 de abril, fue iniciado en el año 2012 por García Armas y García Gruber invocando el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Venezuela y el Reino de España en el año 1995. El reclamo se basó en la expropiación de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., compañías de los sres. García Armas y García Gruber, quienes operaban en el sector de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. En mayo de 2010 las instalaciones de estas compañías fueron ocupadas y sus inventarios decomisados por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), bajo las órdenes del presidente Hugo Chávez.
La intervención de las compañías de la familia García Armas (que también incluyó al Frigorífico Ordaz, S.A., propiedad de otros miembros de la familiar y respecto del cuál tramitan dos arbitrajes separados), tuvo lugar en el marco de una serie de inspecciones realizadas por el INDEPABIS en mayo de 2010 a varias empresas en el sector alimentario, varias de las cuales resultaron finalmente expropiadas por el régimen del presidente Chávez.
En el caso de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., el INDEPABIS acusó a estas compañías de irregularidades operativas, y a través de medidas preventivas de “ocupación y operatividad temporal”, removió a sus propietarios legítimos y puso sus activos e inventarios a disposición de una junta administradora controlada por el Gobierno.
Según destacó el tribunal arbitral, compuesto por los experimentados árbitros Guido Santiago Tawil (Argentina), Eduardo Grebler (Brasil) y Rodrigo Oreamuno (Costa Rica) y administrado por la Corte Permanente de la Haya, la junta administradora del Gobierno se apropió de ambas compañías, incluyendo sus inventarios, cuentas por cobrar, vehículos y cuentas bancarias. El Tribunal Arbitral señaló que en ningún momento la junta administradora intentó preservar el patrimonio o la operación de las compañías, ni rindió cuentas por sus actos. Debido a los desmanejos de la junta administradora, al poco tiempo de su intervención, ambas empresas debieron suspender definitivamente sus operaciones.
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