El Tribunal Constitucional español suspendió el pleno del Parlamento regional catalán del próximo lunes para evitar una declaración unilateral de independencia.

En su dictamen de este jueves, el máximo tribunal español argumentó que si se declara la independencia se produciría un “quebrantamiento de la Constitución”y una “aniquilación” de los derechos de los diputados.

El presidente del Govern de la Generalitat -el gobierno regional de Cataluña- Carles Puigdemont, dijo a la BBC que la declaración de independencia se realizaría “en cuestión de días”.

Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el lunes ante el pleno del parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del referéndum independentista del 1 de octubre, que el propio Tribunal Constitucional había declarado como ilegal. El presidente regional dejó sobre la mesa la posibilidad de declarar la independencia el 9 de octubre.

Más temprano este martes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió al gobierno catalán que renuncie a la declaración unilateral de independencia para evitar “males mayores”.

En la consulta del 1 de octubre participaron unos 2,3 millones de personas (cerca del 40% de la población con derecho al voto), según cifras de las autoridades catalanas, quienes aseguraron que 90% de los votantes respaldaron la propuesta de independizarse de España.

La votación se vio marcada por las cargas policiales, arrojando un saldo de más de 800 heridos, aunque según sus críticos no ofreció las garantías democráticas mínimas.

Según expertos consultados por BBC Mundo, España se encuentra ahora ante un desafío institucional sin precedentes.

En este contexto excepcional utilizar el artículo 155 de la Constitución podría ser una de las avenidas jurídicas que el gobierno español podría tomar.

El artículo 155 le daría poder al gobierno central para adoptar “las medidas necesarias” para forzar a esa comunidad a cumplir con las obligaciones constitucionales.