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17 de enero de 2025
Marcas y Negocios
La historia detrás del caso de Chiquita Brands: empresas, conflicto armado y testigos cuestionados
17 de enero de 2025
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Chiquita Brands, una multinacional reconocida globalmente por su experiencia en la producción y comercialización de banano, ha sido un actor clave en el desarrollo agrícola de América Latina. Sin embargo, operar en contextos marcados por desafíos de orden público y violencia como lo fue su experiencia en Colombia, ha representado un reto significativo, incluso con efectos judiciales.
El caso de Chiquita Brands en su operación en Colombia representa un complejo escenario legal y judicial que involucra acusaciones de presuntos actos irregulares en cabeza de abogados, y acuerdos con ex líderes de grupos armados en el país. Este contexto, el cual ha llegado a acentuar la complejidad de operar en regiones marcadas por la violencia y coacción, ha captado la atención de la opinión pública y las instituciones legales tanto en Colombia como en los Estados Unidos.
Contexto y antecedentes legales del caso de Chiquita Brands
Durante los años de mayor intensidad del conflicto en Colombia, la compañía enfrentó situaciones de extrema complejidad que llevaron a decisiones difíciles. Entre 1997 y 2004, diversas empresas bananeras, incluida Chiquita Brands, se vieron obligadas a realizar pagos no voluntarios a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de proteger la seguridad de sus empleados y garantizar la continuidad de sus operaciones. Ex Líderes de las AUC han declarado que estos aportes respondieron a un entorno coercitivo en el que negarse resultaba extremadamente riesgoso. La multinacional sostiene que dichos pagos fueron realizados bajo amenaza, respondiendo a un entorno en el que la negativa a colaborar representaba riesgos graves para su personal y sus instalaciones.
En el año 2007, Chiquita Brands compareció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, reconociendo haber efectuado pagos por un monto aproximado de 1,4 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este hecho dio lugar a la imposición de una sanción económica de 25 millones de dólares contra la empresa. Los procesos judiciales en curso evidencian la complejidad inherente a los casos relacionados con la responsabilidad corporativa en contextos de conflicto armado.
Elementos clave de los procesos jurídicos
En Estados Unidos, Chiquita Brands enfrenta un proceso de tipo civil, mientras que en Colombia se adelanta un proceso penal que busca determinar la responsabilidad de los ex ejecutivos de la multinacional, que ya no opera en el país. En el caso de las demandas civiles presentadas por víctimas de violencia paramilitar en Colombia, las cuales buscan obtener indemnizaciones por los daños sufridos, uno de los aspectos más discutidos es la utilización de testimonios obtenidos de antiguos integrantes y cabecillas de las AUC. En una reciente nota publicada por el periódico colombiano El Tiempo en octubre del 2024, de acuerdo con los registros judiciales, se alega que algunos testigos habrían recibido pagos de abogados que representan a las víctimas. Si bien estas transacciones fueron presentadas como “ayudas humanitarias”, Chiquita Brands y la multinacional Drummond sostienen que constituyen sobornos destinados a manipular la versión de los líderes paramilitares y por ende el resultado de los juicios.
A partir de ello, de acuerdo con el mismo artículo de El Tiempo, se reveló una serie de documentos aportados por Chiquita Brands registrando posibles inconsistencias en los testimonios de exparamilitares. Dichos documentos sugieren la existencia de testigos falsos y la participación de abogados estadounidenses con intereses económicos en los litigios. Entre las pruebas presentadas se incluyen fotos, correos electrónicos y registros financieros que vinculan transferencias monetarias con declaraciones de antiguos miembros de las AUC.
“Esos correos empiezan a llegar a los procesos que hay en Colombia por financiación de grupos paramilitares contra Chiquita y también la multinacional carbonera Drummond , que ya entraron en la etapa de cierre de juicio. Y lo que muestran es la posibilidad de que el abogado norteamericano y varios miembros de su firma realizaron pagos a ex-Auc presos, sus defensas o a familiares”, describe el periódico de El Tiempo en su publicación.
