Más de 100 ONG defensoras de derechos humanos condenaron las acusaciones del Ministro de Salud, Luis López, contra la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y su director, Francisco Valencia. También señalaron que este tipo de declaraciones buscan intimidar a trabajadores, activistas y periodistas.

“El alto funcionario gubernamental no fundamentó sus graves acusaciones ni contra el presidente de Codevida ni contra esta coalición, ocupada en defender los derechos a la salud y la vida de la población venezolana”, manifestaron 116 ONG en un documento divulgado este martes, 12 de junio, reseñó Efecto Cocuyo.

“Las acusaciones del ministro López contra Valencia corresponden, precisamente, a un sistemático patrón de intimidación y represalia contra defensores, personal de salud y
periodistas que han denunciado los altos niveles de destrucción en los que se encuentra el sistema sanitario venezolano y los daños y pérdida de vidas humanas que ello está causando como producto de una emergencia humanitaria compleja en Venezuela”, continúa el comunicado firmado por las ONG.

“Este señor de Codevida es un empleado de Roche –la empresa farmacéutica- Tu podrás padecer algún tipo de enfermedad, pero si tú abres la boca y te metes en el mundo político ¿qué respuestas quieres’ Tú eres un sinvergüeza y un asalariado de Roche, que como este ministro y este presidente no le están comprando los medicamentos que Roche nos quiere vender, lo poquito que nos quieren vender, al precio que sea, y los estamos buscando por India; como no estamos buscando los medicamentos que a ti te dan dinero, tú tienes a los pacientes llevándolos al Ministerio”, dijo el ministro de Salud en una entrevista de Radio Nacional Venezuela el pasado lunes, 11 de junio.

Las ONG recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas “han manifestado su preocupación por la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y
la existencia de prácticas estatales que restringen gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y libertad de expresión en Venezuela”.

Insistieron que Valencia, paciente trasplantado, “también es una víctima directa del incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar la saludy la vida de las personas con condiciones crónicas” y destacaron los reconocimientos obtenidos por su labor en la defensa de los derechos humanos.