Nacional
Advierten que la inversión inmobiliaria exige garantías jurídicas

La falta de garantías jurídicas y las amenazas a la propiedad privada continúan frenando la inversión en el mercado inmobiliario venezolano, advirtió el abogado y profesor universitario Ramón Sosa.

Durante una entrevista en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Sosa sostuvo que cualquier intento de reactivar el sector debe comenzar por garantizar el respeto a la propiedad privada y la seguridad para los inversionistas.

“Los políticos tienen que ser consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen. No pueden invitar a invertir en Venezuela y luego amenazar”, afirmó.

El Ejecutivo anunció el pasado 5 de mayo una reforma legal orientada a flexibilizar el mercado de alquileres y activar viviendas “congeladas” o desocupadas, con la promesa de ofrecer mayores garantías a los propietarios.

El empresario no debe sentirse amenazado

El especialista recordó que el artículo 115 de la Constitución establece que la propiedad privada contempla los atributos de uso, goce, disfrute y disposición de los bienes, por lo que consideró que cualquier medida que limite esos derechos genera desconfianza.

“Cuando tú amenazas a la inversión, la gente no va a confiar ni va a seguir invirtiendo o construyendo viviendas para que se las quiten o se les amenace con quitárselas”, expresó.

A su juicio, el Estado debe ofrecer garantías claras para quienes deseen construir o financiar proyectos inmobiliarios y respetar las inversiones privadas. También mencionó que Venezuela mantiene demandas en centros de arbitraje internacional relacionadas con expropiaciones que, según dijo, nunca fueron pagadas.

Simplificar procesos de desalojo 

Sosa señaló que el mercado de alquileres comerciales muestra mayor flexibilidad, pero aseguró que en el área habitacional persisten fuertes restricciones que afectan tanto a propietarios como a potenciales inversionistas.

Cuestionó que un propietario deba mantener a un inquilino dentro de una vivienda sin recibir pago hasta que el Estado le consiga otra solución habitacional.

En ese sentido, pidió a la Asamblea Nacional revisar la legislación vigente para simplificar los procedimientos de desalojo en casos de incumplimiento de pago o daños a la propiedad.

RADIO FE Y ALEGRÍA