La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela reveló este martes que pudo confirmar que en los primeros días de las protestas en Venezuela por el resultado oficial de las elecciones presidenciales al menos 158 niños fueron detenidos, algunos con discapacidad, y fueron acusados de delitos graves, como terrorismo o incitación al odio.

Este grupo es parte del de más de 2.200 personas que el propio Gobierno venezolano indicó que habían sido detenidas en el marco de las manifestaciones.

“Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante”, sostuvo la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en declaraciones a la prensa durante la presentación del último informe que su equipo ha elaborado sobre la situación en Venezuela a lo largo del último año.

Crímenes de lesa humanidad

Según sostiene la Misión en dicho informe, el Gobierno venezolano está cometiendo crímenes de lesa humanidad por motivos políticos.

Añade que el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son “aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.

“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, dijo Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.

La “peor” crisis de la historia reciente

La Misión, que también integran el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, apoyados por un equipo técnico, presentará oficialmente el jueves su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Entre los hechos y conclusiones que resalta, destaca que la actual crisis que vive Venezuela “es la peor de la historia reciente” y que se ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Para los miembros de la Misión, las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.

EFE