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Amnistía Internacional documenta 37 presos políticos con patologías graves en Venezuela #25Ago
miércoles 26 agosto, 2026
Amnistía Internacional Venezuela documenta en su informe Salud y vida bajo custodia. Situación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos con patologías graves en Venezuela, la situación de 37 personas detenidas por motivos políticos que padecen patologías graves.
El documento, elaborado a partir de información recopilada y suministrada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), advierte sobre las condiciones de personas que dependen de las autoridades para acceder a medicamentos, tratamientos, exámenes médicos y atención especializada mientras permanecen privadas de libertad.
El Rodeo I concentra la mayoría de los casos documentados
El informe identifica enfermedades oncológicas, renales, cardiovasculares, neurológicas, infecciosas, respiratorias y ginecológicas, además de afecciones de salud mental, lesiones y pérdidas funcionales.
La distribución de los 37 casos evidencia una concentración importante en determinados centros de reclusión. El Rodeo I registra 14 casos, equivalentes al 37,9%; Ramo Verde reúne seis, que representan 16,2%; mientras Fuerte Guaicaipuro y el Centro Penitenciario de Oriente (La Pica) registran cuatro casos cada uno, equivalentes al 10,8%.
En conjunto, estos cuatro centros concentran 28 de los 37 casos documentados, es decir, 75,7% del universo analizado.
El informe también identifica situaciones que requieren una protección reforzada. De las 30 personas cuya edad está disponible, seis tienen 60 años o más. Asimismo, se reportan enfermedades avanzadas o degenerativas, deterioro neurológico, pérdida de movilidad, discapacidad y condiciones de salud mental que requieren evaluación especializada.
Amnistía Internacional aclara que los casos fueron analizados como información reportada y no como diagnósticos médicos verificados de manera independiente. Por ello, el documento no pretende establecer una comparación sobre la gravedad de las enfermedades ni representar estadísticamente a toda la población detenida por motivos políticos.
La privación de libertad no suspende el derecho a la salud
La organización subraya que una persona bajo custodia estatal depende de las autoridades para recibir medicamentos, exámenes, atención de especialistas y traslados hospitalarios que no puede gestionar libremente.
En consecuencia, el Estado tiene un deber reforzado de proteger la vida, la integridad personal y la salud de quienes permanecen bajo su custodia.
Para Amnistía Internacional, la atención sanitaria no puede ser considerada un aspecto secundario frente a la privación de libertad. Las personas detenidas deben recibir atención médica adecuada y oportuna, sin discriminación, además de los medicamentos, procedimientos y tratamientos que requiera su condición.
La organización también establece una distinción entre dos obligaciones: garantizar atención médica mientras una persona permanezca detenida y poner fin a una detención arbitraria. Un tratamiento, un traslado hospitalario o cualquier otra medida sanitaria no sustituyen la obligación de garantizar la libertad cuando la privación de libertad es arbitraria.
Amnistía exige libertad y atención especializada
Entre las principales medidas planteadas, Amnistía Internacional solicita la libertad inmediata e incondicional de las 37 personas documentadas, además del levantamiento de restricciones indebidas sobre sus derechos y el acceso a recursos efectivos y reparación.
Mientras continúen detenidas, exige evaluaciones médicas integrales e independientes, acceso a especialistas, traslados hospitalarios cuando sean clínicamente necesarios, realización de exámenes y procedimientos pendientes y continuidad de los tratamientos y medicamentos.
También reclama que las personas detenidas puedan acceder a profesionales de la salud de su confianza y que se establezcan medidas diferenciadas para quienes, por su edad, discapacidad, enfermedad avanzada u otras circunstancias, requieren protección reforzada.
El informe pide además investigar de manera pronta, independiente e imparcial cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas detenidas y garantizar condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana y las obligaciones internacionales del Estado.
EL IMPULSO
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