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Nacional
AN denunció que la Onapre le asignó menos del 3% del presupuesto requerido
14 de diciembre de 2017
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El diputado Sergio Vergara denunció este jueves en la sesión de la Asamblea Nacional (AN), que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), aprobó menos del 3% del cálculo necesario para el funcionamiento del Parlamento y el cumplimiento de pago de los trabajadores.
“Hoy venimos a solicitar la aprobación del presupuesto para el funcionamiento de la AN durante el ejercicio 2018, una asignación requerida a la Onapre de Bs. 978.170.173.389, de los cuales fueron aprobados solo Bs. 28.391.270.405. Esta cifra está muy lejos de la necesidad que tiene la AN para funcionar como corresponde y representa menos del 3% de lo requerido. Esto ha limitado que los proyectos y el funcionamiento del Parlamento se puedan llevar a cabo”, alertó el Vergara.
Asimismo, aseguró que dicha situación es culpa del Gobierno nacional, puesto que a su juicio, es un intento de “cercenar el funcionamiento de un Poder Público del Estado”, citó El Universal.
“Esta AN no se va a rendir ante la pretensión de un gobierno que busca asfixiar y arrebatar los recursos necesarios para que nuestros compañeros puedan hacer su labor”, afirmó, al tiempo que explicó que a pesar de las limitaciones que coloca el Gobierno, se aprobaría el presupuesto asignado por la Onapre, “dejando clara la responsabilidad de Nicolás Maduro respecto al funcionamiento de este Poder Público”.
Por ello, se aprobó por unanimidad un Acuerdo Sobre el Manejo Inconstitucional e Ilegal de la Ley Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2018.
Arco Minero del Orinoco
De igual forma, durante la sesión fue aprobado por unanimidad un informe de la Comisión Mixta de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, presentado por el diputado Américo De Grazia, en rechazo a la minería en esa región.
El parlamentario denunció que lo que ocurre en la zona “es un crimen contra el desarrollo y el progreso. Este proyecto atentó brutalmente con la generación de hidroelectricidad, acaba con las fuentes de agua, la biodiversidad y genera enfermedades”.
Además, recordó que el pasado 14 de junio de 2016 se desconoció el decreto de la creación de Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” y hasta ahora, siguen luchando por impedir la materialización de todas las negociaciones “fraudulentas para financiar su crimen organizado”.
También se aprobó el reglamento de organización y funcionamiento de la unidad de enlace de la Asamblea Nacional al Parlamento del Mercosur (Parlasur).
Al respecto, el diputado Luis Emilio Rondón y vicepresidente del Parlasur, señaló que este reglamento subsanará el déficit jurídico y administrativo que dejó el Gobierno para que la delegación sea apta para continuar representando a Venezuela.
“En agosto 2017 se acordó en Montevideo, capital de Uruguay, mantener la delegación venezolana a pesar de la suspensión de Venezuela del Mercado Común del Sur (Mercosur). El país gasta miles de dólares en regalos pero no ha pagado la cuota correspondiente ni al organismo ni a su parlamento”, dijo Rondón.
Nuevo embajador de Venezuela ante la ONU
Asimismo, la AN ratificó su rechazo a la designación de Samuel Moncada como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues el cargo no fue autorizado por los diputados.
El parlamentario Luis Florido, advirtió que irán a las instancias internacionales necesarias para que se respete la soberanía del Parlamento, así como informó que enviarán una carta a todos los embajadores de la ONU para que no se reconozca a Moncada como embajador, dado que no fue nombrado cumpliendo con los mecanismos legales.
Situación de los presos políticos
La diputada Delsa Solórzano denunció que el Gobierno se convirtió en una dictadura que «encierra cruel e injustamente» a todo el que piensa distinto, por lo que exigió libertad inmediata y medidas humanitarias para quienes se encuentran delicados de salud.
La AN aprobó una moción sobre la situación de los presos políticos en el país, en la que se exige su liberación y exhortan a los tribunales competentes a declarar medidas que protejan sus derechos humanos.
Carnet de la Patria
Seguidamente inició el debate sobre el control social del Gobierno a través del carnet de la Patria, donde fue aprobada por unanimidad, una moción de conformación de una comisión especial que investigue las denuncias con respecto al control social a través de este mecanismo.
En ese sentido, el diputado Juan Requesens comentó que por más de 19 años, “la dictadura se ha impuesto como la única alternativa de paz y de gobierno. ¿Qué estabilidad o progreso puede haber en un país con cero producción y con exiliados? Pero la responsabilidad nunca es de ellos”.
Asimismo, agregó que siguen culpando al imperio (Estados Unidos) cuando son ellos (el Gobierno venezolano) son los que controlan casi todas las instituciones del país. “Son ellos los que nos han llevado a esta tragedia”.
“Hoy nos une el clamor de millones de venezolanos que tienen necesidades urgentes que deben satisfacerse. Seguimos teniendo el deseo y el derecho de vivir mejor y luchar por ello”, aseveró.
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