(Caracas) El aumento de la persecución contra los defensores de derechos humanos en Venezuela deja en evidencia que “en el país no hay Estado Constitucional de Derecho”, denuncia la abogada Andrea Santacruz Salazar, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet).

“Los Estados están obligados conforme al derecho internacional de los derechos humanos a proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar el ejercicio de sus actividades”, enfatiza Santacruz Salazar en un artículo publicado en la revista Democratización (https://redformaweb.com/articulos-decimotercera-edicion-2/), editada por el Instituto de Estudios Políticos Forma (https://redformaweb.com/).

La experta en Ciencias Penales y Criminológicas advierte que “cuando en un Estado se quiebra el Estado de Derecho y se socava la democracia, las violaciones graves de derechos humanos son generalizados y representan para las y los defensores de derechos humanos un mayor reto en cuanto a su trabajo, pero a su vez, un mayor riesgo de que ellos se conviertan en víctimas de la persecución del Estado”.

Con base en los informes divulgados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Santacruz Salazar apunta que la disolución del Estado Constitucional de Derecho “se expresa en la falta de imparcialidad e independencia del Poder Judicial, sometido a los intereses del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que no hay separación de poderes”.

Sin justicia

“El uso del sistema de justicia penal como herramienta de persecución política se evidencia en las constantes detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y otros actos ilegales avalados por el Ministerio Público y los tribunales de la República, o incluso impulsados por estos, conforme la información dada por víctimas, las recogidas del ejercicio profesional y lo expuesto en distintos informes”, señala la profesora de la Unimet.

Santacruz Salazar observa que la criminalización de la labor de los defensores de DDHH en Venezuela es “particularmente alarmante”, debido a que “ocurre en un contexto de emergencia humanitaria compleja, en el que ha habido un quiebre institucional que no le permite a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a espacios de justicia y reparación, pues el sistema de justicia penal es utilizado como herramienta de persecución política”.

“Las y los defensores de derechos humanos no son enemigos de nadie, no son delincuentes, son personas que al ejercer su derecho a defender derechos ayudan a otros en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, además son pieza clave para el estado de derecho y la democracia. Atacarlos a través de la criminalización evidencia la naturaleza del Estado actualmente”, concluye la académica.