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«La modificación de la competencia del tribunal que venía conociendo el caso de Roland Carreño y Javier Tarazona, Operación Aurora y otros muchos más, genera una afectación importante a cada uno de los detenidos, una afectación al debido proceso, un retardo procesal determinante en estos casos, teniendo en cuenta que estaban próximos a la fase final del juicio es decir a la fase de conclusiones», señaló Alonso Medina director de la Coalición por los DDHH y la Democracia.
Explicó el abogado penalista que la sustracción de la competencia en materia de terrorismo, trae consecuencias jurídicas muy graves, pues se debe remitir la causa a otro tribunal, se pierde todo el trabajo realizado durante el juicio y se debe arrancar de cero, pues el juez que conozca el caso debe presenciar todos los actos judiciales.
«Esta es una situación preocupante, alarmante y un acto administrativo, que podríamos catalogar con absoluto respeto, de nefasto desde el punto de vista procesal», recalcó Roa.
Indicó además que las personas afectadas estaban siendo juzgadas por delitos vinculados, a la materia de terrorismo previstos en la ley contra la delincuencia organizada, competencia exclusiva que sólo tenían 3 tribunales de jucio.
Prensa Coalición de Derechos Humanos
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