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Denuncian que en abril hubo 115 violaciones al derecho a la defensa

El Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela difundió un informe según el cual el mes pasado se registraron 95 casos de estigmatización, 6 de amenaza, 6 de ataques digitales, 4 de intimidación y hostigamiento, 2 de detención arbitraria, uno de judicialización y uno más de “otros” tipos

La ONG Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela denunció este martes que, durante abril, se registraron 115 violaciones al derecho a la defensa y exigencia de derechos humanos, debido al “incremento de las restricciones al espacio cívico y democrático”.

“El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la emergencia humanitaria compleja, agravada por la pandemia de covid-19, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela”, señaló la ONG en un informe que recoge los incidentes de abril.

Según el documento, el mes pasado se registraron 95 casos de estigmatización, 6 de amenaza, 6 de ataques digitales, 4 de intimidación y hostigamiento, 2 de detención arbitraria, uno de judicialización y uno más de “otros” tipos.

“Las organizaciones continúan siendo señaladas de vendepatrias, de producir noticias falsas y de mentirosas, así como también de recibir dinero para ello y generar psicoterror a la población, entre otros”, detalló el comunicado.

Asimismo, indicó que aumentaron las acusaciones a las acciones de las organizaciones y de las personas defensoras, al señalarlas de tener “fines desestabilizadores”, “terroristas”, o de “promover injerencia, invasiones o similares”.

“Ante la profundización de la política de criminalización y el recrudecimiento de los patrones violentos y represivos”, la ONG exhortó al Estado a cesar “de inmediato” las acciones enfocadas a “limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos”.

El informe también detalló que se agudizaron las acciones dirigidas a criminalizar el trabajo de la promoción de los derechos humanos o a quienes brindan respuestas a la población más vulnerable afectada la pandemia por la covid-19.

“Bajo un aparente manto legal, la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal”, denunció.

La ONG concluyó que las acciones del Gobierno representan “un grave obstáculo” al trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario.

runrun.es