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1 de abril de 2025
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia exigió este sábado la liberación de su yerno, Rafael Tudares Bracho, quien ha cumplido 80 días detenido en condiciones que han sido calificadas como una «desaparición forzada» por sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
«¡80 días de desaparición forzada! Rafael Tudares Bracho cumple 80 días de desaparición forzada. Otros presos políticos llevan más de 80 días. ¡Es tortura! ¡Esto es criminal!«, denunció González Urrutia a través de su cuenta en la red social X.
Detenido tras desaparición forzada
Tudares fue detenido el pasado 7 de enero en un procedimiento irregular realizado frente a sus hijos menores de edad. Durante 42 días, su paradero fue desconocido por sus familiares y abogados, quienes denunciaron su situación como un caso de «desaparición forzada».
Posteriormente, fue acusado de diversos delitos, entre ellos «complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir».
El pasado 24 de febrero, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció que Tudares fue presentado en una audiencia preliminar que calificaron de «fraudulenta», alegando que se violaron sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la defensa.
Detención en contexto poselectoral
El arresto se produjo tres días antes de que el presidente Nicolás Maduro fuera investido por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, tras un proceso electoral ampliamente cuestionado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó los resultados detallados de los comicios de julio de 2024, lo que generó denuncias de irregularidades por parte de la oposición y la comunidad internacional.
Mariana González, esposa de Tudares, ha exigido casi a diario la liberación de su esposo, a quien considera un «preso político» y cuya ubicación exacta aún se desconoce. Diversas organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el deterioro de su situación y han instado a las autoridades venezolanas a respetar el debido proceso y garantizar su integridad física. (El Impulso)
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