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EE.UU. impone fianza de 15.000 dólares para visas de turismo a 12 países

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles que, a partir del 2 de abril, exigirá una fianza de 15.000 dólares a los solicitantes de visas de negocios y turismo (B1 y B2) de 12 nuevos países, entre ellos Nicaragua. La medida, que se inscribe en una serie de políticas aplicadas por la Administración de Donald Trump para reducir la llegada de migrantes a Estados Unidos, afectará también a Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

Según el Gobierno estadounidense, la fianza será devuelta a los beneficiarios que cumplan con las condiciones de su visa y regresen a sus países antes de que esta expire. En cambio, ese dinero se utilizará para cubrir los costos del proceso de deportación de quienes permanezcan en Estados Unidos más allá del tiempo permitido. El Departamento de Estado estima que expulsar a un migrante del país cuesta, de media, más de 18.000 dólares, por lo que considera que este sistema permitirá ahorrar hasta 800 millones de dólares al año.

Con la inclusión de estos 12 países, ya son 50 los que están sujetos a este requisito: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladés, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

Venezuela ya está en la lista

El Gobierno sostiene que este sistema de fianzas es eficaz, ya que, hasta ahora, casi un millar de extranjeros han recibido visas bajo ese programa y el 97 % de ellos regresaron a sus países dentro del plazo establecido. Esta medida se inscribe en una serie de políticas aplicadas por la Administración de Trump para reducir la llegada de migrantes a Estados Unidos, que incluye también vetos de visas y restricciones al asilo.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras que el Gobierno estadounidense defiende que se trata de una herramienta para garantizar el cumplimiento de las condiciones de las visas y reducir los costos asociados a la deportación, organizaciones de derechos humanos y expertos en migración han criticado la medida, argumentando que podría afectar negativamente el turismo y las relaciones diplomáticas con los países involucrados.

En el caso de Nicaragua, el anuncio ha generado preocupación entre los ciudadanos que planean viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios. Algunos han expresado su temor de que la medida pueda extenderse a otros países de la región en el futuro.

La medida también ha sido objeto de debate en el ámbito académico y político. Mientras que algunos analistas consideran que se trata de una estrategia efectiva para disuadir la inmigración irregular, otros advierten que podría tener consecuencias no deseadas, como el aumento de la migración irregular por vías no autorizadas.

En el contexto de las relaciones internacionales, la decisión de Estados Unidos ha sido interpretada por algunos como una señal de endurecimiento de su política migratoria, en línea con las promesas de campaña de Donald Trump. Sin embargo, otros la ven como una medida aislada dentro de un marco más amplio de cooperación bilateral en materia de seguridad y desarrollo.

La implementación de esta medida se produce en un momento de creciente tensión en torno a la migración en Estados Unidos, donde el debate sobre la reforma migratoria y la seguridad fronteriza sigue siendo un tema central en la agenda política. La decisión del Departamento de Estado podría tener implicaciones significativas para los ciudadanos de los países afectados y para las relaciones entre Estados Unidos y sus socios internacionales.