El acceso restringido a la salud acorrala a las comunidades indígenas deltanas

La última y única visita de las autoridades estatales ocurrió hace un mes, y consistió en la entrega de medicinas y un tapabocas desechable por persona: la mayoría de las medicinas no superaban las 200 unidades, en una comunidad con 265 familias.

El vertedero de basura siempre ha sido una de las principales fuentes de ingresos de los waraos que llegan a Cambalache, luego de que en 2014 el entonces gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ordenara el cierre del relleno sanitario de la localidad, los waraos se convirtieron el último eslabón de una cadena de contrabando de combustible, para ganarse el alimento diario. Después, cuando incrementó el control contra el contrabando de combustible en la zona, se dedicaron nuevamente al botadero, esta vez, al ubicado en Cañaveral, al oeste de la ciudad.

Durante la cuarentena por la COVID-19 aumentó el desplazamiento de los indígenas hacia el vertedero de basura para trabajar y así conseguir alimento, pero con la atención médica no tienen las mismas posibilidades, y en cuarentena menos. Por lo que la cura de todos los males para ellos es el guarapo de fregosa, el Atamel de mata y el té de citronela.

Es común que los niños se enfermen de vómito, diarrea y fiebre, en enero de este año murieron tres, los familiares lo atribuyen a la ingesta de agua de río y al hambre. No hubo diagnóstico médico y ninguno de los brebajes los pudo salvar.

Sin tratamiento

Saray Figuera llegó a Cambalache hace 11 años, ahí edificó su casa hecha de lona, palos de madera y láminas de zinc. En mayo de 2019 comenzó a sangrar por la nariz, y a vomitar coágulos de sangre. Nadie sabe exactamente lo que tiene.

Un vendedor de ‘tetas’ -helados en bolsas- que iba esporádicamente a la comunidad se dio cuenta del mal estado en el que se encontraba y la llevó al módulo de Las Manoas, en San Félix, donde le hicieron los primeros exámenes. El médico que la examinó diagnosticó principios de tuberculosis, pero el primer diagnóstico no era suficiente, debía hacerse más pruebas que ella no podía costear. Por descarte, le suministraron tratamiento para la tuberculosis, y funcionó, pero el vendedor de helados no volvió a la comunidad, y tampoco la posibilidad de seguir cumpliendo el tratamiento, que ella no toma desde diciembre del 2019.

Ahora está embarazada de 6 meses. “Lo único que le pido a Dios es que todo salga bien, que si viene un bebé nazca bien y esté bien de salud. Yo estoy aguantando es por mis hijos -tiene 6-, yo no los quiero dejar solos”.

En Venezuela, los casos de tuberculosis llegaron a su mínima expresión en el 2005 pero, 10 años después, en 2015 hubo un aumento exponencial, alcanzó a contagiar a 34 personas por cada 100 mil habitantes, este aumento significó un retroceso de 40 años, a cifras notificadas antes de 1980. Ahora la censura epidemiológica impide tomarle pulso al avance de la epidemia en la actualidad, incluso en las poblaciones indígenas que son de alto riesgo.

Tanto indígenas como criollos siguen a la espera de la ejecución del Plan Maestro contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Planteado desde el 2018.

También hay otras enfermedades crónicas sin atención en esta comunidad, como la hipertensión arterial, y para esto acuden a la fregosa y la citronela, dos hierbas.

“Si me pudiera devolver a los caños lo hiciera”, expresó Carlota Díaz, una mujer warao de 60 años que lleva más de 20 años viviendo en ese sector rural, viene de Barrancas, Delta Amacuro. Sufre de hipertensión arterial, también se la diagnosticaron en uno de los operativos de salud del ISP. Contó que la noche anterior casi se muere de un infarto, se le disparó la tensión, pero “¿a quién acudir?, todo eso está cerrado”, y como hace semanas que se le terminó el Captopril, se controla la tensión con un diente de ajo en la mañana, y té de citronela, luego se encomienda a Dios.

El cacique de la comunidad, Venancio Narváez, denunció que no hay tratamiento ni siquiera para enfermedades de la piel. Es severamente alérgico, pero no sabe a qué. De lo único que está seguro es que la picazón lo hace querer arrancarse la piel de cuajo cada vez que le da la crisis: “Yo quiero un tratamiento, o una sangre nueva, no sé, digo yo”. Se alivia acercándose un tizón ardiente cerca de la zona que le pica, tolera el ardor porque dice que cualquier cosa es mejor que la picazón. Necesita un ungüento y un diagnóstico que ya se cansó de pedir al ISP. Venancio también lleva más de 20 años en Cambalache.

La movilización continua de los waraos que están en Cambalache inició en la década de los años 60, con el cierre del caño Manamo, del Delta del Orinoco, ejecutado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). La idea del proyecto era convertir la zona en el “granero de Guayana”. Pero el cierre significó una tragedia para el ecosistema: la salinidad del agua y acidificación del suelo, lo que alteró las formas de vida tradicionales de los waraos y de las comunidades de la ribera, eso los hizo emprender la búsqueda de alternativas a la pesca y siembra. En la urbe se vieron obligados a hurgar en la basura para comer y para vender chatarra.

Las madres waraos viven con la angustia de no contar con asistencia médica para sus hijos. “Bueno, yo lo pude nebulizar tres veces con un poquito de Budecort, pero no se le baja la fiebre, no tengo nada que darle”, dijo Yudelina, una warao de 34 años, mientras tocaba la frente de su hijo de 9 meses, la noche anterior le dio una crisis de asma. “Le di Atamel de mata, pero no siempre funciona”, ella misma lo sembró en su casa.

El Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (Iwgia) han propuesto la educación a miembros de la comunidad sobre, al menos, asistencia médica primaria. Pero esto no se ha implementado en Cambalache.

Los indígenas que ahí habitan evitan angustiarse, pero les indigna esperar una ayuda que nunca llega a tiempo y de la que dependen sus vidas. No miden la magnitud de la amenaza de la COVID-19 porque ellos siempre están en emergencia. Les estremece pensar que la comunidad no tiene cómo defenderse del coronavirus ni de las otras enfermedades que tradicionalmente los aquejan y de las cuales no hay registro epidemiológico desde 2015: tuberculosis, VHI, sarampión y hepatitis.

La emergencia humanitaria compleja ha obligado cada vez más a los waraos a movilizarse no sólo hasta las urbes de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar o a las urbes de Delta Amacuro, como Tucupita, sino también a cruzar la frontera con Brasil en búsqueda de nuevas oportunidades. Hay cerca de 400 waraos en la frontera, en Pacaraima, cuando los refugios alcanzan su nivel máximo, muchos permanecen en las calles del país vecino. Para el 12 de mayo se confirmó el contagio por COVID-19 de 40 indígenas waraos en João Pessoa.

En Cambalache, en caso de que llegue, esperan combatirlo con citronela y Atamel de mata mientras esperan las visitas del ISP.