Nacional
Murió otra persona privada de libertad en la antigua cárcel de El Marite: ya son 19 desde abril
sábado 6 junio, 2026
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en su informe que correspondiente al año pasado que la principal causa de fallecimientos de privados de libertad es la falta de asistencia médica
19 personas privadas de libertad han muerto bajo custodia del Estado desde abril de este año, de acuerdo a un registro del Observatorio Venezolano de Prisiones.
El más reciente fallecimiento fue el de Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Doctor Francisco Delgado”, antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia.
“En Venezuela, enfermar dentro de una cárcel puede significar esperar días, semanas o meses por una atención médica que no llega, un traslado hospitalario que se retrasa o un tratamiento que nunca es suministrado”, escribió el OVP en su cuenta de X.
La organización informó que desde abril han registrado muertes de personas privadas de libertad en las cárceles de Fénix Lara, Tocuyito, Uribana, Rodeo III, Rodeo IV, el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, la Comunidad Penitenciaria de Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y Yare III.
“Esta situación no se trata solo de muertes, sino de personas que estaban bajo control del Estado y que debían recibir protección, atención médica y condiciones compatibles con la vida”, añadió la organización.
El OVP recordó que las Reglas Mandela avaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecen que toda persona privada de libertad debe tener acceso rápido a atención médica en casos urgentes
La organización también precisó que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado.
“Sin embargo, las prisiones de todo el territorio nacional siguen acumulando presos enfermos, tratamientos interrumpidos, traslados hospitalarios tardíos y muertes que pudieron evitarse”, dijo el OVP.
En su informe anual correspondiente a 2025, el OVP expuso que 95,57% de las muertes registradas bajo custodia estuvieron asociadas a la falta de asistencia médica oportuna: “Los datos son contundentes y evidencian que las personas privadas de libertad, una de las poblaciones más vulnerables del país, continúan siendo privadas también de su derecho a la salud”.
El OVP denunció que mientras siguen acumulándose muertes bajo custodia, las familias continúan esperando una actuación firme de las instituciones llamadas a proteger a las personas privadas de libertad como la Defensoría del Pueblo.
“La Constitución no solo le atribuye la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, sino que además le ordena velar por su efectivo respeto, investigar denuncias, inspeccionar establecimientos del Estado e interponer las acciones necesarias cuando estos derechos sean vulnerados, tal como lo establece el artículo 281 de la CRBV”, concluyeron.
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